Las fuerzas minoritarias aprovecharon para poner en primera línea de debate la reforma de la financiación autonómica. Un asunto sobre el que, según fuentes gubernamentales, el jefe del Ejecutivo se ha prometido no pronunciar palabra.

Su estrategia persigue no embarullar una negociación que, a juicio del Gobierno, se resiente más que ninguna otra por el cruce de declaraciones públicas. Pero fue difícil de cumplir.

Todos los partidos catalanes con grupo en la cámara baja le hicieron llegar el mensaje de que, sin un sistema satisfactorio para Cataluña, no cabe aspirar a una mano tendida. El recado más evidente llegó del portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida: «Sólo cuando el Gobierno de turno ha necesitado el apoyo de CiU, Cataluña ha mejorado su financiación», dijo de modo críptico. El jefe del Ejecutivo, que trata de limar asperezas con el PSC, respondió con tono airado: «Debería ser más prudente, no se vaya a equivocar».

Tampoco el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Josu Erkoreka, condescendió con el análisis económico del presidente, al que acusó de pretender solucionar los problemas con talante. «No bastan unos mensajes tranquilizadores enviados a las cámaras (de televisión, por supuesto) con voz profunda, mirada franca y ojos azules», dijo.

También Joan Ridao, portavoz de ERC, advirtió de que su formación está cansada de tanta promesa con una apostilla irónica. «Se lo digo educadamente y procurando esbozar la mejor de mis sonrisas, en eso quisiera imitarle, aunque creo que no voy a llegar a su altura», dijo. La crítica más reiterada fue la mala gestión de los recursos y la «dilapidación» del superavit.