A través de paneles publicitarios que ya han contratado en los accesos a dicha población, así como por medio de otras modalidades de agitación y propaganda como su propia página web (www.tarifasi.org) esta plataforma pretende «propiciar la reflexión y el debate sosegado en torno a la ampliación del puerto, proyecto que ha suscitado el rechazo de gran cantidad de vecinos y colectivos, como se evidencia en las numerosas alegaciones y denuncias presentadas en su contra». A su juicio, «el proyecto sepultaría bajo toneladas de hormigón la costa mediterránea de la ciudad, ya que se pretende construir en el ámbito inmediato del Parque Natural del Estrecho, Reserva de la Biosfera (UNESCO), provocando un daño irreversible para todo el entorno medioambiental y humano».

Lo curioso es que la Autoridad Portuaria fue consultada en su día por la Junta de Andalucía a la hora de verificar los límites del Parque Natural del Estrecho para no perjudicar el desarrollo portuario. Así que dichos topes se establecieron en función de los terrenos que el puerto había adquirido en la algecireña Punta de San García y en la zona norte del litoral tarifeño, que ahora va a verse afectada. El hecho de que, entonces, no se fijara un tramo de transición entre el perímetro protegido y la zona de reserva para la expansión de dichos muelles podría provocar que ahora el Gobierno diera a marcha atrás a esta iniciativa.

Durante los últimos meses, la APBA, ha desviado en plena temporada alta para el turismo el tránsito de pasajeros hacia Marruecos a Tarifa: un 40 % más durante la Operación Paso del Estrecho, «obligando a la ciudad a soportar el tránsito de más de 150.000 personas y casi 32.000 vehículos, precisamente en la época del año en la que el aparcamiento y la fluidez en el tráfico más se necesitan, pues es plena temporada alta de turismo, sector que es el principal motor de la economía tarifeña. Con esta maniobra impositiva, la APBA pretende crear artificialmente la necesidad de ampliación del actual puerto tarifeño», afirman los de Tarifa Sí.

Al presentar el proyecto, la Autoridad Portuaria adujo que las obras iban a suponer una inversión de 200 millones de euros, que traerían riqueza al municipio y empleo al ciudadano. Esto es, la misma cantinela de Red Eléctrica Española con la interconexión eléctrica entre las dos orillas, o la que se barajó a finales de los años 70 cuando se pretendió construir una centrar nuclear en la playa de Bolonia. Los planos arrojan la friolera de 1.600 metros de dique y 31 hectáreas de explanadas rivalizarían con las velas del fly-surfing en el litoral tarifeño. Ocho nuevos atraques, dos de ellos dedicados a camiones con mercancías, y una nueva estación marítima, acabarían en gran medida con la virginidad del acantilado que se extiende por dicha costa. Para sus detractores, todo ello también supondría la ocupación de un lugar emblemático de la ciudad, de gran valor paisajístico y zona tradicional de paseo y baño para muchos tarifeños, cerrando el acceso al mar desde el centro histórico: «Supone un modelo de desarrollo incompatible con el que la ciudad intenta llevar a cabo, basado en el turismo de calidad que acude atraído por los valores naturales y medioambentales del entorno. Afectaría a áreas muy destacadas del Parque Natural del Estrecho, particularmente a la Isla de las Palomas, que se vería perjudicada por el aumento de la contaminación química, acústica y lumínica, por el depósito de sedimentos durante las obras y por la interrupción de corrientes que nutren a las numerosas colonias de especies filtradoras allí asentadas. Constituiría un grave peligro para el patrimonio histórico y cultural, por el aumento de tráfico pesado junto a las murallas árabes».

Ecologistas en Acción ya ha presentado alegaciones y Greenpeace está al tanto del asunto. Pero entre los partidos con representación municipal, sólo Izquierda Unida parece apoyarles. Al menos, así se demostró durante un pleno celebrado el pasado 22 de julio y en el que Javier Mohedano, el único concejal de dicha formación, mostró su rechazo y, al margen de repetir la batería de argumentos adversos a dicha iniciativa, también formularon preguntas tan interesantes como las que siguen: «¿Cómo afectará el nuevo Puerto a la movilidad urbana y a la calidad de vida del casco antiguo y dónde se habilitarán nuevas zonas de aparcamiento y a cargo de qué institución? ¿Seguirá siendo el centro histórico el patio trasero del Puerto, un improvisado aparcamiento que hurta plazas a turistas y residentes en beneficio de viajeros en tránsito que apenas pasan en Tarifa dos horas? ¿Qué proyectos y estrategias tangibles tiene previstos la APBA para atraer el turismo de cruceros más allá de la abstracción, si hoy día el carácter fronterizo del Puerto dificulta y limita (cuando no obstaculiza) cualquier opción de naturaleza turística o recreativa? ¿Con qué tipo de mercancías se trabajará en las nuevas instalaciones? ¿Cuántos puestos de trabajo pueden cuantificarse con la ampliación y, sobre todo, cómo va a garantizarse que sean ocupados preferentemente por tarifeños, como afirman en público portavoces del proyecto?». Y hay muchos más interrogantes.