El Constitucional suspende de forma cautelar la consulta popular de Ibarretxe mientras resuelve los recursos

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos el pasado martes por la Abogacía General del Estado y el PP contra la ley vasca de consulta popular, lo que deja en suspenso los planes del lehendakari, Juan José Ibarretxe, para convocar esta cuestión el próximo 15 de septiembre con el objetivo de celebrarla el 25 de octubre. Ambos recursos se acumularán en uno para ser resueltos conjuntamente.

Esta suspensión se mantendrá durante un máximo de cinco meses a contar a partir de la fecha de publicación de la norma en el Boletín Oficial del País Vasco, es decir, no concluirá hasta el próximo 15 de diciembre, según establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Una vez transcurrido ese tiempo, se podría mantener o levantar la suspensión de la ley, teniendo en cuenta que el Alto Tribunal no tiene plazos para resolver sobre el fondo del asunto. En este caso, el tribunal ha decidido habilitar el mes de agosto para no demorar la decisión, como habían solicitado los recurrentes.

La norma queda suspendida al menos hasta diciembre

En su recurso, el representante de los Servicios Jurídicos del Estado concretó que la ley vasca de consulta popular vulnera cuatro preceptos constitucionales (artículos 1.2, 2, 92.1 y 149.1 de la Carta Magna) porque pretende marginar el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para la autorización de consultas populares. Además, se invocaba en su impugnación el artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión inmediata de la norma recurrida desde el momento en que fue publicada (15 de julio de 2008).

La decisión del TC, adoptada por unanimidad en el Pleno, ha llegado sólo dos días después de que la ley vasca fuera publicada el pasado martes en el Boletín Oficial del País Vasco e inmediatamente después recurrida. El Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Popular, aunque rechaza en este caso la petición que igualmente formularon los 'populares' para que se suspendiera la ley. En este sentido, el Alto Tribunal recuerda que la potestad para instar esa suspensión, según la Constitución, es exclusiva del Gobierno y que, por tanto, no hay lugar a lo solicitado por el PP.

El pleno del tribunal ha acordado también dar traslado de la resolución al Congreso de los Diputados, al Senado y al Parlamento y Gobierno vascos para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.