La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (Acai) y las clínicas Dator y Mediterránea Médica anunciaron ayer un primer cierre de sus centros del 7 al 13 de enero si las autoridades no garantizan la seguridad jurídica de sus empleados y no cesa el «acoso mediático». En un comunicado, Acai denuncia que las inspecciones «abusivas» para encontrar la «mínima deficiencia formal» tienen como objetivo un cierre cautelar de las 31 clínicas que componen la asociación.

Además critica que se divulguen datos no contrastados y filtraciones interesadas sobre los tratamiento de residuos, la utilización de medios ilícitos que atentan contra la intimidad de las personas y el «cuestionamiento permanente» de los dictámenes psiquiátricos.

Perseguidas

También ha censurado que el Sistema Nacional de Salud haya recurrido a las clínicas privadas para que realicen esta «prestación sanitaria básica» y que luego las persiga. Acai solicitará encuentros con las consejerías y direcciones generales de Sanidad en las autonomías donde los profesionales «no puedan realizar libremente su trabajo» y donde no se garantice el derecho al aborto .

La asociación ya ha solicitado un encuentro con el Defensor del Pueblo, con el Ministerio de Sanidad y Consumo y con la Fiscalía General del Estado para pedir amparo y protección para estas clínicas y evitar que las mujeres «tengan que abortar en presencia de un juez y con asistencia de su abogado».

Esta asociación defiende una reforma de la Ley del Aborto , que debe contemplar los plazos y terminar con la ambigüedad en el abuso de los centros acreditados.