Sanidad marcará las pautas a las comunidades que decidan privatizar servicios
El Gobierno descarga en el Consejo Interterritorial la responsabilidad de decidir las posibles excepciones
El Gobierno envía al Congreso la ley de equidad sanitaria que Podemos se niega a aprobar si no se blinda la «desprivatización» en la tramitación parlamentaria
El Gobierno veta todos los acuerdos y colaboraciones con la Sanidad privada «salvo excepciones»
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) será el encargado de establecer las pautas que determinen si las CCAA cumplen los requisitos para privatizar determinados servicios sanitarios, según ha anunciado este martes la titular de Sanidad Carolina Darias, tras la aprobación en el consejo de ministros del Anteproyecto de la Ley de Equidad , Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Una medida vendida por Darias como un «ejercicio de cogobernanza», que en realidad esconde un último intento del Gobierno por mantener el control sobre las posibles excepciones para la privatización que establece la norma, puesto que las competencias sanitarias están transferidas a las autonomías.
Unas «excepciones» que permitirían a las comunidades autónomas la posibilidad de realizar una gestión «indirecta» de determinados servicios, es decir a través de centros privados , «siempre de forma complementaria y de apoyo», según la ministra.
De esta forma, solo se podrá externalizar la gestión sanitaria «cuando no sea posible la gestión directa» y cuando se motiven una serie de requisitos por parte de las comunidades autónomas, como «la optimización de recursos sanitarios» o la «insuficiencia de medios propios para prestar los servicios», ha explicado la ministra. Una puntualización que, sin embargo , ha generado una nueva grieta entre los socios de gobierno .
De hecho, a la par que Darias anunciaba la aprobación del anteproyecto, Pablo Echenique advertía en Twitter que la norma «no tendrá mayoría» si no se deroga lo que considera una «privatización de la sanidad» durante su tramitación en el congreso. Para el portavoz parlamentario de Podemos «la definición de «excepcionalidad» que lleva a cabo la ley es lo suficientemente laxa como para que cualquier gobierno de derechas pueda seguir privatizando lo que le dé la gana».
Esta ley tiene que ser modificada en el trámite parlamentario para derogar de verdad la ley 15/1997 de José María Aznar de privatización de la sanidad. Si esto no ocurre, me temo que no tendrá mayoría para salir adelante en el congreso.
— Pablo Echenique (@PabloEchenique) June 14, 2022
Preguntada por estas declaraciones de sus socios de Gobierno, la ministra ha argumentado que es «una ley que emana del consejo de ministros, que ha sido tremendamente enriquecida y ampliada». «Hay cambios sustanciales y hemos llegado hasta donde el ordenamiento jurídico nos permitía llegar », ha añadido.
En aras del objetivo de «blindar la sanidad pública» , la futura ley también contempla la posibilidad de realizar una «modificación legislativa y normativa que facilite a las comunidades autónomas que quieran hacer una reversión de las privatizaciones las mejores condiciones posibles», ha comentado la ministra.
Eliminación de copagos sanitarios
Además, el anteproyecto también prevé «la eliminación de los copagos sanitarios» en especial los derivados por el transporte sanitario no urgente y «amplía la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables».
Otra de las medidas previstas consiste en ampliar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a los españoles de origen residentes en el exterior y a sus familiares durante los desplazamientos al territorio español. Además, también se incorpora a la asistencia sanitaria a los ascendientes de nacionalidad extracomunitaria reagrupados por sus hijos con nacionalidad española, que hasta ahora tenían que contratar un seguro de enfermedad, público o privado, para obtener el permiso de residencia en España.
Noticias relacionadas
