El Gobierno veta todos los acuerdos y colaboraciones con la Sanidad privada «salvo excepciones»
La ley de equidad sanitaria regula una atención cien por cien pública, crea indicadores de salud, mantiene los actuales copagos y blinda la asistencia a los 'sin papeles'
Las asociaciones que agrupan a la sanidad privada aseguran que la ley no resolverá los verdaderos problemas del sistema: listas de espera, falta de equidad y acceso a nuevos tratamientos
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio la pista durante su participación en un mitin en Málaga. Anunció que el Consejo de Ministros iba a aprobar una ley para blindar la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública . «Para que ningún gobierno de derechas pueda privatizar la sanidad en ninguna comunidad autónoma», dijo en pleno fervor electoral.
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La nueva ley de equidad a la que el Gobierno dará este martes su visto bueno busca, en efecto, una atención cien por cien pública en uno de los peores momentos de la sanidad pública, colapsada tras la pandemia y con las listas de espera disparadas en todo el país . El texto del anteproyecto veta cualquier colaboración con centros y hospitales privados. Eso significa que las comunidades autónomas no podrán derivar enfermos a hospitales privados para reducir las listas de espera , ni permitir hospitales públicos de gestión privada. «Tanto la gestión y administración de las estructuras y servicios públicos que integran el sistema nacional de salud se llevará a cabo de manera directa», se indica en el anteproyecto al que ha tenido acceso ABC.
Puerta abierta
Aunque la filosofía de la ley sea una sanidad pública cien por cien, el texto deja abierta una puerta que anularía ese veto a la ‘privatización’ que escenificó Pedro Sánchez en el mitin. «De forma excepcional y justificada, y siempre que no sea posible la prestación directa de los servicios que integran el Sistema Nacional de Salud, las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias (...) podrán optar por la gestión indirecta, empleando cualquiera de las fórmulas de contratación o de colaboración previstas», se indica.
La excepción permitiría a las comunidades mantener los actuales conciertos con entidades privada, aunque tendrá que justificarlo . La decisión queda en manos de las autonomías.
La privada ahorra
Las asociaciones que agrupan a la sanidad privada interpretan el texto como un ataque directo. La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) cree que la futura ley de equidad convertirá a España «en el único país europeo que proscribe la sanidad privada de su sistema sanitario». Aspe está valorando si jurídicamente el Gobierno infringe la Constitución si se revierten los conciertos sanitarios y se ignora la cooperación de la sanidad privada en la sostenibilidad del sistema.
Recuerdan que habría sido imposible afrontar la crisis del Covid sin los recursos privados que absorbieron el 30% de las hospitalizaciones , asegura Carlos Rus, presidente de Aspe. Solo el 11,2 % del gasto sanitario público se destina a la partida presupuestaria de conciertos, algo más de uno de cada diez euros de la sanidad pública, según sus datos. Los conciertos son un ahorro para el sistema público porque «optimizan los recursos asistenciales con tarifas entre un 25 y un 69 por ciento menores», defienden.
Al Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que defiende el valor de la sanidad privada al sistema, le preocupa más la forma que el fondo. El IDIS tiene claro que la ley no impedirá la concertación de servicios con el sector privado, «solo lo protocolizará». Pero le preocupa el discurso «demagógico» que no sabe ver a los hospitales privados como un aliado estratégico , imprescindible para atender las necesidades de la población. «Resulta difícilmente entendible que los problemas que afectan al sistema sanitario público se sigan vinculando a privatizaciones que no son tales», explica el IDIS en un comunicado. La institución reclama, además, una auditoría del sistema sanitario . Las declaraciones del presidente del Gobierno, dicen, «son el reflejo de una clase política que vive de espaldas a la realidad». Creen que el anteproyecto no resuelve los verdaderos problemas de un sistema sanitario sin recursos, con listas de espera, falta de cohesión entre comunidades o desigualdad en el acceso a nuevas tecnologías y medicamentos.
El modelo de gestión del sistema no es el único cambio que traerá la ley de equidad. Estos son las principales novedades:
Nuevos indicadores sanitarios
Por primera vez, se obligará a los hospitales y centros sanitarios a publicar los resultados de indicadores sanitarios. Eso significa que se podrá saber la eficacia en tasas de éxito y reducción de la mortalidad. La ley establece que se haga de forma comprensible tanto para el ámbito profesional como ciudadano. Aunque la ley deja en manos del Consejo Interterritorial, donde están representadas las comunidades autónomas, decidir cuáles serán esos indicadores.
La misma atención, con o 'sin papeles'
Para que no haya dudas, la futura ley de equidad garantiza, en igualdad de condiciones, la atención de todos los residentes en nuestro país, estén o no de forma legal, así como a sus ascendientes reagrupados. Durante el tiempo que residan en nuestro país todos tendrán acceso a cualquier tratamiento y en igualdad de condiciones que los ciudadanos españoles. También se cubre la atención sanitaria de las personas con nacionalidad española que residan en el exterior y se deban desplazar temporalmente a España, así como los familiares que les acompañen si no tienen prevista esa cobertura con su póliza sanitaria.
Blindaje a nuevos copagos
El nuevo texto no elimina los copagos existentes, como el pago de un porcentaje de las medicinas recetadas o de los sistemas de ortopedia. Pero garantiza que no haya nuevos copagos. Recupera una cartera común de servicios única, cuya provisión será financiada públicamente en su totalidad.
Participación ciudadana en las decisiones
La ley de equidad incorporará a pacientes, profesionales y ciudadanía en los órganos de asesoramiento del sistema sanitario. El Ministerio de Sanidad justifica esta decisión con el convencimiento de que la participación ciudadana «contribuye a mejorar la salud de las personas, disminuye las desigualdades sociales, enriquece el contenido de las políticas públicas y legitima la toma de decisiones en el proceso de elaboración de las políticas sanitarias».
