¿Una ley para impedir que los supermercados tiren comida en buen estado?

Casi 800.000 europeos han apoyado ya una campaña que reclama a la UE una directiva para que los supermercados no tiren comida en buen estado, sino que la donen a las ONG. Pero en España, según la patronal ACES, no se necesita regulación, porque el sector es muy eficiente y colabora con esas entidades. En Italia, una ley recién aprobada incentiva la donación.

La Federación de Bancos de Alimentos (Fesbal) subraya, como todas las partes implicadas, que la seguridad alimentaria es irrenunciable. Y pide determinar claramente quién sería responsable si algún producto donado no fuera apto.

Esa llamada unitaria europea a parar el « desperdicio» alimentario se desarrolla en la plataforma Change.org desde 2015 por ciudadanos de Grecia, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y España.

Quieren presentar una millón de firmas a la Comisión y el Parlamento europeos, pues aseguran que más de 80 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza en Europa, mientras los supermercados desechan «toneladas» de comida.

El responsable de la campaña en Francia, Arash Derambarsh (concejal de Courbevoie), fue quien inició la petición para la ley que regula esta cuestión en ese país.

El Parlamento Europeo exigió en 2012 medidas urgentes para reducir el desperdicio a la mitad hasta 2025. Según la Comisión Europea, la UE generaba 89 millones de toneladas anuales de residuos alimentarios (7,7 millones en España).

En los hogares europeos, el desperdicio representaba el 42 % del total; en la fabricación, el 39 %; en la restauración, el 14 %; y en la distribución, el 5 %.

«Buena fe»

Según Agricultura, los hogares españoles desechan cada semana 25,5 millones de kilos de alimentos (el 4,5 % de la compra).

«Queremos que la Comisión discuta y apruebe un marco legislativo, que luego cada Estado miembro tiene que aplicar», comenta a Efe el responsable de la campaña europea en España, Manuel Bruscas. Es partidario de incentivar y facilitar la donación, pero marcando unos cumplimientos «mínimos».

Europa ha de señalar «pautas y directrices», sin «demonizar a nadie», pues el desperdicio tiene causas variadas y todos son responsables, también los consumidores.

La solución pasa por contar con todos, pues la industria y el sector de la distribución alimentaria son relevantes, reconoce. Para empezar, demanda Bruscas «transparencia» sobre la comida que se tira porque la distribución difunde datos «de parte», asegura.

Pero el presidente de la Asociación de Cadenas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, niega falta de información objetiva y alude a informes sectoriales, del Ministerio de Agricultura y de las empresas.

La distribución española es «muy eficiente y competitiva», indica a Efe, el eslabón con «menos» desperdicio de toda la cadena alimentaria. Además, añade, el tejido social español está «muy desarrollado», una red tupida de ONG que funcionan bien.

«Todas las empresas, al menos las de mi asociación, tienen convenios y trabajan desde hace muchos años con los bancos de alimentos y las organizaciones de beneficencia», asegura.

El sector se ha ido «autorregulando», analizando situaciones, remediando ineficiencias, difundiendo las mejores prácticas para empresas y consumidores, colaborando con la industria y la restauración.

«Pensamos que, en España, no es necesario (introducir una regulación) -insiste-, porque llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Estamos concienciados, el conocimiento es muy amplio, y el objetivo está conseguido».

Entre otras iniciativas, Del Pino cita el proyecto de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc) «La alimentación no tiene desperdicio, aprovéchala» (2012) y la estrategia «Más alimento, menos desperdicio», del Ministerio de Agricultura (emprendida en 2013).

Fuentes del ministerio de Agricultura han explicado a Efe que, una vez cumplida la vigencia de dicha estrategia, «se está trabajando en la actualidad, con todas las organizaciones que participan en la misma, en la revisión de su contenido, con objeto de incorporar los compromisos y metas que sean consensuados», los cuales deberán llevarse a cabo «al comienzo de esta legislatura».

En marzo pasado, la OCU comenzó una recogida de firmas para que se prohíba estropear alimentos intencionadamente haciéndolos inservibles. También exige fechas de consumo preferente y de caducidad según criterios de calidad y seguridad, no de intereses económicos particulares.

La Federación de Bancos de Alimentos (Fesbal), que mantiene convenios con hipermercados y cadenas de alimentación, pide conocer cualquier proyecto normativo para pronunciarse. Fuentes de esta federación han alertado contra las denominadas leyes «del buen samaritano», que eximen al donante de responsabilidad sobre el estado de los productos si se entregaron «de buena fe»