España sigue sin regular los lobbies mientras la UE aumenta su control

Las diez empresas que más gastan en presionar a las autoridades en Bruselas emplean cerca de 40 millones de euros al año

La CNMC ha abierto un registro voluntario a nivel nacional para que su relación con los lobbys sea conocida por los ciudadanos

MadridActualizado:

Una de las vistas que más revuelo ha causado en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo en los últimos años fue la del caso de la Comisión Europea contra Microsoft por abuso de posición dominante en el mercado, allá por el año 2006. La sesión era especialmente importante porque Competencia había impuesto varias multas a la multinacional norteamericana por un importe récord de 1.700 millones de euros. Sin embargo, en la sala de vistas lo que llamó la atención, más allá del caso en sí, es que estaba completamente llena de abogados y asesores de Microsoft, alrededor de un centenar, frente a un par de abogados de la Comisión Europea, en una clara muestra de desigualdad de fuerzas. Esta imagen da fiel reflejo de lo que pasa en las instituciones europeas, incluido el Tribunal, donde la presencia de los lobbystas de toda clase y condición es continua y creciente, siempre con el ánimo de influir, informar o simplemente aconsejar en función de sus intereses a los diferentes estamentos que toman las decisiones.

Las instituciones europeas, conscientes del enjambre de intereses sobre los que tienen que regular cada día, pusieron en marcha hace unos años un registro oficial de lobbystas, de modo que las miles de instituciones, organismos, empresas y un largo etcétera tienen que estar inscritas en el Registro de Transparencia. Además, desde 2014 se tienen que hacer públicas las reuniones celebradas por los comisarios europeos, miembros de sus gabinetes y directores generales con organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia. El estar inscrito en el mencionado Registro no es obligatorio pero es aconsejable para solicitar una reunión con cualquier alto funcionario europeo.

Hacia el registro obligatorio

Posteriormente, en enero de 2015 se estrenó una nueva versión del Registro de Transparencia que introdujo cambios en las declaraciones de los recursos humanos adscritos al ejercicio de actividades de presión, requiere información adicional sobre la participación en comités, foros, intergrupos y estructuras similares de la Unión Europea, y sobre los actos legislativos tramitados, así como el coste estimado de estas actividades. Ahora se ha ido un poco más allá con la consulta abierta por parte de la Comisión Europea para que el mencionado registro sea obligatorio en todas las instituciones europeas.

La realidad es que la labor legislativa, fruto de la complejidad de los asuntos, se ha hecho cada vez más técnica

El aumento de lobbystas en Bruselas ha ido parejo al creciente rol de la Unión Europea como legislador, y no es para menos, ya que allí se decide desde el tamaño mínimo que tienen que tener los calabacines que se venden en los mercados, a los gramos máximos de azúcar que pueden contener las bebidas o el tope de contaminación de los coches, áreas que se unen a la vastísima legislación medioambiental, el mercado único o la protección de los consumidores.

La realidad es que la labor legislativa, fruto de la complejidad de los asuntos, se ha hecho cada vez más técnica, lo que ha hecho necesario que en ocasiones los eurodiputados hayan tenido que recurrir a expertos a la hora de redactar determinada legislación, proporcionados en ocasiones por grupos de interés. Y este último aspecto, el hecho de que se esté estrechando en cierto modo la relación entre los legisladores y los grupos de presión es lo que ha hecho que surjan las críticas sobre estas «amistades peligrosas» y no siempre transparentes.

VW, entre las 10 primeras

El escándalo de los motores trucados de Volkswagen, destapado el año pasado tras una demanda interpuesta en Estados Unidos, ha sacado a la luz el hecho de que la compañía alemana es uno de los principales lobbystas en Bruselas, concretamente la séptima empresa que más se gasta en la actividad de presionar en la capital comunitaria. Entre las diez primeras empresas por volumen de gasto hay tres alemanas: la mencionada VW, Deutsche Bank y Siemens. Un dato que llama la atención es que hay tres gigantes norteamericanos, como son Microsoft, Google y General Electric, también dentro de este «top ten». A fin de hacernos una idea de la importancia que tiene la actividad de lobby para las compaías, valga el dato de que las diez primeras se gastan cerca de 40 millones de euros al año en esta actividad en la capital belga, según datos de LobbyFacts.eu. En Estados Unidos, otro de los paraísos de los lobbystas, los ciudadanos pueden conocer qué empresas y corporaciones han influido en la redacción de una ley, en qué reuniones se ha tratado el proyecto y quién ha participado en ellas. La regulación exige que las empresas especifiquen los «lobbystas» que se encuentran en su plantilla y la actividad que estos llevan a cabo.

España se encuentra en el extremo opuesto. Estos grupos existen, influyen, pero no son visibles a efectos legales. El artículo 9.2 de la Constitución recuerda que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas». Un texto ambiguo que, sin embargo, supone una de las pocas alusiones del sistema jurídico a los lobbies.

Escaso resultado

Ante la falta de legislación nacional, distintas comunidades han tomado la iniciativa mediante los registros voluntarios, una medida que pretende hacer más transparente la actividad de este colectivo. Cataluña fue la primera en llevar a cabo esta propuesta en julio del año pasado, mientras que otras como Madrid, Castilla-La Mancha o Aragón también han planteado esta medida. El resultado, sin embargo, es cuestionable. El registro de Cataluña no supera los diez miembros y continúa omitiendo datos relevantes sobre estas compañías.

La última medida de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) pretende revertir esta situación. La institución acaba de poner en marcha un registro voluntario a nivel nacional, para que todos los ciudadanos conozcan exactamente qué tipo de relación tienen los grupos de presión con Competencia. El registro establece cinco categorías de lobbies y cuenta con unas reglas específicas de obligado cumplimiento.

Para apuntarse en este listado, las organizaciones deben cumplir un código ético basado en diez puntos. En él se incluyen aspectos como «actuar de forma transparente», «aceptar que parte de la información que proporcionen a la CNMC se haga pública», «no incitar, por ningún medio, a los empleados públicos de Competencia a infringir la ley o las reglas de comportamiento establecidas en los códigos de conducta» o «no hacer uso abusivo del alta para darse publicidad, ni dar a entender que el hecho de figurar en el registro les confiere una situación o privilegio especial».

Fuentes de la CNMC explican a ABC que el registro es voluntario porque «no hay una legislación» respecto a los grupos de presión, aunque aseguran que en el futuro se modificará para que sea obligatorio. La institución presidida por Marín Quemada interpreta que el mercado español está «suficientemente maduro» para tomar esta medida y espera que no tenga el mismo resultado que el que han puesto en marcha comunidades como Cataluña. Competencia se ha puesto en contacto con empresas y organizaciones y ha recibido más de un centenar de solicitudes de ingreso en solo una semana.

«Resorte de emergencia»

La institución busca dar «un paso más» hacia la normalización de los lobbies en España. Más allá de la opinión que tenga la población sobre los grupos de presión, lo cierto es que estos tienen un papel activo en la sociedad. Un buen número de empresas ya cuentan con expertos jurídicos o regulatorios destinados a defender los intereses de la compañía (y del sector en cuestión) en sus encuentros con representantes públicos. Existe incluso una organización que agrupa a lobbystas profesionales, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales(APRI), que opera en España desde 2007. Esteban Egea, secretario de APRI, opina que España ha logrado un avance en su forma de hacer lobby en los últimos años, pasando de un «capitalismo de amiguetes» a unos métodos más profesionalizados. «Hace unos años estos asuntos se resolvían concretando una cena con el político de turno. Ahora existen departamentos específicos dentro de las grandes compañías para llevar a cabo esta tarea», afirma Egea. Ahora bien, la transformación todavía no se ha completado. Según APRI, muchas compañías todavía mantienen el clientelismo, que se ve beneficiado por las puertas giratorias y se utiliza como «resorte de emergencia» si todo lo demás falla.

APRI considera que ha sido esta falta de transparencia la que ha generado dudas en torno a estas prácticas. «En muchas ocasiones se confunden los términos. Se llama lobby a lo que no lo es. El tráfico de influencias no es hacer lobby y los comisionistas no son lobbystas, son delincuentes», sostiene Egea.

La posible regulación del lobby vuelve a estar a debate en España, un país donde la corrupción supone el segundo mayor problema para sus ciudadanos. Hace unos años había cierta voluntad política; en las últimas elecciones todos los programas electorales contaban con propuestas sobre los grupos de presión. Competencia ha dado el primer paso con un registro en el que pretende recoger a todos los lobbys españoles en aproximadamente dos años. Un plazo mínimo para una actividad que lleva siglos en la sombra.