Los riesgos de intentar atrancar las puertas giratorias

Hay asuntos que encienden la polémica como el fuego azuzado con gasolina. Recientemente han sido Trinidad Jiménez y Elena Salgado, exministras socialistas de Asuntos Exteriores y Economía, respectivamente, las responsables de que prenda, una vez más, la mecha. Las políticas van a ser fichadas por dos empresas privadas —Telefónica ha reclamado los servicios de Jiménez, mientras Salgado formará parte del nuevo consejo de Nueva Pescanova— y, aunque en ambos casos la ley de incompatibilidades se ha cumplido —la ley exige dos años de incompatibilidad tras dejar el cargo en el que el afectado recibe el 80% de su sueldo—, los contratos rechinaron en Ferraz en plena maratón de negociaciones para formar gobierno. Pero por si lo anterior fuera poco el exdiputado del PP Agustín Conde anunció el viernes que se incorporará al consejo de Red Eléctrica Corporación como independiente.

El programa electoral del PSOE incluye un apartado específico para evitar el fenómeno de las llamadas "puertas giratorias". En concreto, aboga por "fijar un periodo de incompatibilidad de cinco años para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que no tenían experiencia profesional previa y sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión".

Los expertos, sin embargo, alertan de los riesgos de caer en el populismo más ramplón. "Nos escandalizamos cuando los políticos pasan a trabajar para la empresa privada, ahora bien, ¿qué queremos, que dediquen toda su vida a la política? Desde luego esto no sería bueno para nuestro país, pero incluso puede que fuera inconstitucional", asevera Ignacio Bao, presidente de Signium, una de los principales empresas de cazatalentos de nuestro país. "Si queremos que nuestro país esté gestionado por personas de prestigio, no podemos caer en estas contradicciones", asegura Bao.

Precisamente uno de los principales riegos de bloquear en exceso las vías que comunican la función pública con las empresas es que se pierde mucho valor por el camino. En opinión de Luis Manuel Calleja, profesor extraordinario de dirección estratégica en el IESE, "actualmente hay un divorcio entre la política y el mundo real que no es nada enriquecedor. Cuando personas con experiencia en empresas pasan a la gestión pública suelen aportar dinamismo y contacto con la realidad. Cuando es a la inversa, las empresas suelen ganar una visión más global, de bien común, alejada de sus lícitos intereses individuales".

El principal foco de conflicto es el sueldo. Las bajas retribuciones públicas hacen poco atractiva la llegada de altos cargos desde las empresas, mientras que en el caso inverso, cuando son los políticos retirados quienes consiguen jugosos contratos tienen que soportar una fuerte tormenta mediática. "Los miembros de un gobierno deberían estar remunerados a precio de mercado. ¿No pagan millones de euros los clubes de fútbol por tener a los mejores jugadores en su equipo? ¿No es lícito hacer lo mismo con la gestión de un país? De hecho, ¿qué les parecería a los accionistas de una gran empresa si asumiera la presidencia una persona menos cualificada por no querer pagar a una mejor?", reflexiona Bao.

La prueba de que la permeabilidad entre la esfera pública y la privada puede aportar mucho a un país está en EE.UU. Allí existe la figura de los "in-and-outers", personas que alternan trabajos a uno y otro lado de la barrera. "La principal diferencia con lo que ocurre en España es que su primer puesto suele ser en una corporación, no en la política", explica Calleja.

Pero, ¿cómo acabar con el cacareado tráfico de influencias? "No es una cuestión de regulación, que en mi opinión ahora es incluso excesiva, sino de honradez personal. Hay que formar en las buenas costumbres políticas e inculcar los comportamientos loables. Es inadmisible imponer cinco años de barbecho a personas que han dedicado parte de su vida a trabajar por su país. No hay que olvidar que generalmente se trata de los últimos años de su carrera laboral, por lo que un ‘impasse’ de esa magnitud es tanto como una sentencia de muerte", sostiene el profesor. Bao recuerda que "las puertas giratorias no se abren a todos los políticos. Las empresas examinan con triple filtro estos contratos porque se juegan su reputación".