Los «lobbies», la influencia en la sombra

El periodista y antiguo jefe de prensa de la secretaría de Estado de Economía durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Francés, admitía en su libro «¡Qué vienen los lobbies!», publicado en 2013, que en la última década no se ha aprobado ley alguna sin la presión de estos grupos de influencia. Sin embargo, a diferencia de otros países donde este modelo está más desarrollado, como EE.UU., en nuestro país, donde no existe una regulación específica, el sistema es asimétrico, en el que se otorga un papel predominante a organizaciones como sindicatos y patronales junto a otras entidades como Colegios profesionales o las Cámaras de Comercio y, al mismo tiempo, no existe una regulación concreta.

La falta de visibilidad, argumenta Transparencia Internacional España en su informe «Una evaluación del lobby en España», ha generado una imagen negativa del sector, que en general no aporta una visión panorámica y fiel de estos grupos de presión.

«La falta de información y las malas prácticas contribuyen a que la imagen del lobby está bajo sospecha y sea negativa en España, y ello pese a que no se conocen casos en los que los lobistas profesionales hayan estado implicados en casos de corrupción», destaca la ONG.

Al margen de la creación del registro de grupo de interés de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), al que estas organizaciones se podrán adscribir desde hoy de manera voluntaria, la regulación del «lobby» es prácticamente inexistente en España. El artículo 9.2 de la Constitución establece la creación de grupos que puedan influir en la elaboración de normas. «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social», reza el texto.

Más allá de esta disposición no existe una normativa que aborde esta cuestión de manera directa, más allá de lo que estipula el Código Penal en materia de tráfico de influencias (artículos 428, 429 y 430). Sin embargo, recuerda la ONG, resulta engañoso trazar un paralelismo entre el ejercicio de los «lobbies» y lo tipificado para estas conductas delitivas, que sanciona las acciones en las que se ofrece influencia, por parte tanto de funcionarios como particulares, siempre que prevalezcan la jerarquía, las funciones del cargo o las relaciones personales. «¿Qué diferencia el tráfico de influencias del lobby? La clave es que el lobby es ejercido por profesionales que buscan influenciar en el contexto de su trabajo, pero no prevaliéndose de su jerarquía sobre el funcionario o autoridad o de sus relaciones personales. El lobby presupone un cierto equilibrio en el campo de juego, y el tráfico de influencias, todo lo contrario, consiste en un abuso de posición del que se sacan beneficios», concluye.

La Ley de Transparencia que entró en vigor en 2014 contiene importantes avances en materia de información pública y de «trazabilidad» en la redacción normativa. En este sentido, obliga a las administraciones públicas a informar en internet acerca de los «los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución». Por ejemplo, las instituciones deben poner a disposición de los ciudadanos los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y proyectos de reglaciones, al igual que las memorias utilizadas para la elaboración de estas regulaciones. No dice nada, no obstante, sobre los «lobbies» ni obliga a los políticos, diputados, senadores y otros cargos electos a publicar su agenda de reuniones. Tampoco fija métodos para determinar la denominada «huella legislativa», por la que el Congreso debería informar al detalle sobre los desarrollos de los procesos legislativos y sus modificaciones.

Reflejo en Europa

El nuevo registro de Competencia pretende acercar España a Europa. En 2011, el Parlamento Europeo aprobó el «Transparency Register», un registro conjunto para los grupos de interés que intentarán «acceder» a la Eurocámara o a la Comisión Europea. Jerzy Buzek, entonces presidente del Parlamento, aseguró que Europa «necesita apoyo y los grupos de presión son útiles para conocer el impacto que nuestra legislación podría tener sobre los diferentes grupos de personas y empresas», aunque también sostuvo que la Eurocámara debía asegurarse «de que nadie influya en las decisiones a través de medios ilícitos». El registro, al igual que ocurre en España, tampoco es obligatorio. Eso sí, cada legislación cuenta con una «huella» para identificar qué grupos de presión influyeron en esa decisión.

Dado que las normas aprobadas por Bruselas deben pasar por varias instituciones (Consejo, Parlamento...), los grupos de interés que actúan en Europa intentan realizar las modificaciones pertinentes en las primeras fases de la tramitación. En el texto. Las presiones se van diluyendo hasta que se llega a la redacción final. Por otra parte, la fase de implementación queda por lo general fuera del ecosistema de instituciones de la UE, al producirse en cada país de forma distinta.

Hasta 7.000 lobbistas reconocidos operan en Europa. Y sin embargo, todavía existen voces que cuestionan la regulación de la CE, dado que es voluntaria y, por tanto, no cuenta con nombres determinantes en el mercado europeo. Esta circunstancia podría acabar en un futuro próximo, ya que distintos organismos europeos han propuesto que el registro pase a ser obligatorio y, de esta forma, recoger el número completo de grupos de presión europeos.

Regularizados en Estados Unidos

Si España mira a Europa, Bruselas toma como referencia Estados Unidos. Tanto el Congreso como el Senado cuentan con un registro obligatorio, transparente y determinante para reconocer de dónde proceden las presiones de cada representante público. Uno de los principales «lobbistas» del país americano, Tony Podesta, aseguró en una entrevista concedida a ABC hace dos años que «todo el mundo tiene un lobbista: no conozco a nadie que no lo tenga desde enfermeras hasta profesores». La idea de que los «lobbies» representan el interés general de la población y acercan a los representantes públicos a sus ciudadanos está muy extendida en el país norteamericano, donde entienden que los grupos de presión son algo positivo.

Eso sí, todo está mucho más regularizado que en Europa. El juego debe ser limpio. Aunque la cultura «lobbista» está muy arraigada en Estados Unidos, la regulación ha ido avanzando y mejorándose con el tiempo. Hoy en día está muy avanzada y existen unas normas que los «lobbistas» deben cumplir. Existen unos plazos, no todo el mundo puede convertirse en «lobbista» y hay un código ético que hay que cumplir. Es un sector más, en el que están inscritos más de 10.000 grupos y que mueve más de 3.000 millones de dólares al año.

Pese a todo, el número de «lobbistas» ha caído en los últimos años, y cada vez existen más voces que critican su implantación y cuestionan su uso. Donald Trump los critica con dureza y asegura que no los necesita para llegar a la Casa Blanca. O al menos eso hace en público.