Los partidos aprueban un pacto histórico Contra la Violencia de Género

Cinco meses de trabajo en la Subcomisión parlamentaria creada para negociar el acuerdo, la comparecencia de 60 expertos en esta materia y grandes dosis de voluntad política, han sido necesarios para llegar a este acuerdo histórico y sin precedentes contra la violencia de género.

El primer gran pacto de la legislatura se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados y en el Senado. El Gobierno tiene ahora la responsabilidad de poner en marcha 470 medidas (200 de la Subcomisión del Congreso y 270 de la Ponencia del Senado) sobre las que hay un consenso de todo el arco parlamentario.

Solo resta ya el trámite formal de la Comisión de Igualdad, que lo aprobará el viernes en ambas cámaras, y la ratificación de los plenos del Congreso y el Senado, que tendrá lugar en septiembre, cuando se inice el periodo de sesiones.

No ha sido fácil llegar a este momento y, al margen de cuestiones relacionadas con la reforma de la Ley Zapatero de 2004, a la que el PSOE se ha resistido, el principal escollo que han tenido que solventar ha sido el económico. Finalmente, los mil millones de euros que puso sobre la mesa el Partido Popular han sido suficientes para que nadie quede fuera del acuerdo. De hecho, en el día de ayer, la firma final se retrasó porque el Grupo Socialista quería apuntalar el compromiso económico.

Presupuesto

Al filo de las siete y media de la tarde, tras casi siete horas de reunión -la Subcomisión se inició a las doce de la mañana-, tuvo que hacerse un receso para incorporar una nota adicional. El Grupo Socialista quería que se especificara que el destino final del dinero siempre serían las medidas del pacto.

El compromiso global es que, de los Presupuestos Generales del Estado, se destinarán anualmente, durante los próximos cinco años, mil millones adicionales para las medidas del acuerdo. De este montante global, cien millones corresponderán a los ayuntamiento, 500 a las comunidades autónomas y otros 400 a las competencias estatales contra la violencia de género.

En el caso de las entidades locales, el Estado destinará 20 millones de euros anuales y el Gobierno, de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP) y otras asociaciones municipales, acordarán los programas que deberán llevarse a cabo.

Criterios de reparto

Para las comunidades habrá un aumento anual de 100 millones. El Ejecutivo negociará los criterios de reparto con las regiones, en el marco de la Conferencia Interterritorial, atendiendo a la población, extensión geográfica, necesidades específicas y otras variables que resulten pactadas.

Los fondos serán destinados a programas de lucha contra la violencia de género, respetando las competencias propias de las comunidades autónomas y atendiendo a las prioridades que acuerde el Gobierno con cada una de ellas.

Una Comisión de Seguimiento asumirá la responsabilidad de velar por el seguimiento y el control anual del destino de los recursos, una vez finalizado el presupuesto anual en vigor.

Votos particulares

El éxito del acuerdo es que ha sido posible un pacto sobre 200 medidas, en el caso del Congreso. Las cuestiones sobre las que no ha sido posible alcanzar el conseso quedarán reflejadas en los votos particulares, que los grupos políticos redactarán en estos dos días que restan para su presentación el viernes en la Comisión de Igualdad. Estos votos particulares podrían referirse al aborto o la gestación subrogada, según ha podido saber ABC de fuentes parlamentarias.

De las medidas que han sido pactadas, hay que destacar en el ámbito laboral la posibilidad de que las víctimas del maltrato puedan cobrar seis mese de subsidio de desempleo. Igualmente, se eximirá del IRPF y en otros impuestos sobre la renta, a las ayudas y prestaciones que perciban los hijos e hijas menores de edad, como consecuencia de ser víctimas de la violencia de género.

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