Un pacto de todos los grupos obliga al Gobierno a cambiar en seis meses la Ley de Violencia de Género

Primero será la Lomce y después la Ley de Violencia de Género. Estos dos textos legales tendrán que ser modificados por el Ejecutivo, después de que la mayoría de los grupos políticos del Congreso hayan firmado sendas propuestas para crear dos subcomisiones donde se debatan los posibles cambio.

Si el viernes PP, PSOE y Ciudadanos alcanzaron «in extremis» un acuerdo para presentar una petición conjunta para la creación de una subcomisión que trabaje en «sustituir» la ley; este consenso se hizo extensivo también a la Ley de Violencia de Género, aunque en este caso con la firma de todos los grupos de la Cámara.

El origen de este acuerdo está en la Proposición no de Ley conjunta que PP y PSOE

presentaron en el Pleno del pasado día 15 para alcanzar un pacto en esta materia. Esta iniciativa fue aprobada por toda la Cámara y en uno de sus puntos contemplaba la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad para debatir los cambios en la ley.

Propuestas de actuación

En el texto de esta petición conjunta de creación de una subcomisión con el fin de articular un « Pacto de Estado contra la violencia de género», se afirma que este órgano «deberá elaborar en el plazo máximo de cuatro meses desde su constitución un informe en el que se identificarán y analizarán los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y que contendrá un conjunto de propuestas de actuación entre las que se incluirán específicamente las principales reformas que deberán acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin».

Igualmente, en el texto aprobado se prevé también «que dicho informe, una vez aprobado, se remita al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses, lo someta a acuerdo con los representantes de las Comunidades Autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, Administración de Justicia, asociaciones sindicales y empresariales y asociaciones civiles».

El Pleno de la Cámara acordó también «que las medidas contenidas en el informe que supongan la modificación de textos legales vigentes sean remitidas a las Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses para su tramitación».