El Supremo anula la sentencia que validó el ERE en UGT Andalucía

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la sentencia del TSJA que validaba el ERE ejecutado en UGT-Andalucía en plenas navidades de 2012 y que supuso el despido de 159 trabajadores en la comunidad autónoma, de los cuales 26 tenían su puesto en la provincia gaditana.

La sentencia dictamina que se debe repetir la vista oral celebrada en el TSJA. El tribunal andaluz falló a favor del sindicato, considerando que el expediente de regulación había sido ajustado a derecho.

El Supremo ha anulado esa decisión porque la sala no admitió unas pruebas solicitadas por la representación de los trabajadores, argumentando que la petición no había sido cursada en el tiempo procesal oportuno y que podía generar indefensión en la otra parte.

El abogado de los afectados por el ERE, Alberto Matador, explica que ese material probatorio consistía en información contable y documentación sobre las distintas empresas vinculadas a la organización sindical para acreditar «la inexistencia de causas económicas

» que justificaran el despido de 159 trabajadores y cómo el sindicato está conformado por un grupo de empresas. «Unas pruebas que habíamos solicitados a la otra parte» pero que finalmente no se incorporaron al desestimarla el tribunal.

El TSJA se apoyaba en otra sentencia para argumentar el rechazo a la petición de prueba. Esa sentencia que había servido como jurisprudencia fue la que validó otro expediente de regulación, que afectó a 176 trabajadores del Ayuntamiento de Estepona.

Ahora ese ERE también se queda en el aire, al ser anulado por el TSJA. El TS resume el motivo de la nulidad de esta manera: "El incumplimiento de la obligación de aportarla (la prueba) antes del juicio no puede suponer la pérdida definitiva de la misma".

Cuando se notifique la sentencia, se abre un plazo para plantear recursos; lo que presumiblemente alargará los tiempos de este procedimiento, que tendrá que volver al TSJA para que sea nuevamente juzgado.

El ERE que desnudó a UGT

El ERE de UGT-A fue el principio de la época más negra del principal sindicato (por número de afiliados) en Andalucía. La organización sindical aplicaba la Reforma Laboral aprobada por el PP y por la que había llamado a la huelga a los trabajadores.

Esta dura y contradictoria medida de ajuste en su estructura fue el detonante para que se abrieran las ventanas de la central sindical y saliera a la luz información muy sensible sobre los gastos elevados de su comisión ejecutiva.

La contabilidad de la organización quedó al descubierto y las constantes filtraciones de documentos a los medios sobre cómo se financiaba el sindicato ha acabado en los tribunales y con los dos últimos secretarios regionales (Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla) imputados.

A nivel provincial, el despido de una veintena de trabajadores, la mayoría personal con nóminas muy ajustadas, provocó el enfrentamiento de las bases con la dirección del sindicato en Cádiz.

El entonces secretario regional, Salvador Mera, se quedó solo en la defensa de los criterios dictados por la organización. El sindicato salió muy tocado de esta crisis interna y Mera acabó dimitiendo, tras resultar imputado en otro escándalo judicial que ha dañado mucho la imagen de UGT: el caso de los ERE