Reincidencia, indicios de abusos y no arrepentimiento, los tres motivos del juez contra la libertad de Juana Rivas
El magistrado Manuel Piñar emitió ayer jueves un polémico auto en el que censura la injerencia del Gobierno y la Fiscalía General del Estado en esta causa, donde hay un caso de un «gravísimo delito sobre un menor» que no «fue vigilado» por la madre
El juez Manuel Piñar, magistrado titular del Juzgado número 1 de Granada , alega, en un auto fechado este pasado jueves 9 de diciembre, y al que ha tenido acceso ABC , que Juana Rivas Gómez, la madre de Granada que retuvo a sus hijos sin autorización de su padre durante un mes y para la que el Gobierno ha pedido el indulto parcial de su condena de dos años y seis meses (quedando reducida la pena, tras el indulto, a la mitad, un año y tres meses de prisión), «no ha mostrado arrepentimiento» alguno en todo este tiempo sobre el secuestro de sus hijos. Tras la concesión del indulto parcial, la defensa de Rivas, que ejerce el despacho Aránguez Abogados, en escrito de 19 de noviembre, solicitó la suspensión de la pena que le resta por cumplir en el centro de inserción social Matilde Cantos de Granada. En su auto, el juez Piñar esgrime tres razones fundamentales en contra de la puesta en libertad de la mujer natural de Maracena:
1-. «No se arrepiente» y «supone un peligro»: «En varias ocasiones ha manifestado que no se arrepiente y lo volvería a hacer », mantiene el juez, que incide también en «el peligro que para los menores supondría la plena libertad de la madre», apuntando a supuestos «indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia».
2-. «Riesgo de reincidencia»: El magistrado indica una predisposición a «cometer nuevamente el mismo delito». El juez esgrime que el aspecto fundamental a considerar es el de la preivisibilidad futura de cometer nuevos delitos y que ese peligro existe. El juez sostiene que Rivas se ha mantenido «fiel a ese propósito, repitiendo la misma conducta tras ser condenada en esta causa y estando los menores en Italia».
3-. El titular del Juzgado introduce para su decisión unos indicios de abusos contra uno de los menores. El togado manifiesta que la plena libertad de la madre supondría un peligro para los menores puesto que existen «indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia». La disposición a la «reiteración delictiva» podría poner nuevamente en grave peligro nuevamente a los menores. Manuel Piñar afea al Ejecutivo que se haya metido con una clara injerencia a «sustituir al Poder Judicial, concediendo el indulto, y que debió también pronunciarse sobre las consecuencias que debían regir en el cumplimiento de la restante pena impuesta».
Este Juzgado «ya no sabe cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales, y por supuesto del Gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y la custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor».
«Mientras tanto, al poco de constatarse esos hechos, la madre oculta a los niños, precisamente en el momento en que la presencia del menor era esencial para la investigación. Sobre este hecho se ha echado tierra encima y se ha soslayado su trascendencia, bajo la apariencia de ser la penada una víctima de un maltratador, cuando después de la única condena habida se reconcilia, concibe otro hijo, sin que haya habido ningún otro episodio de maltrato» por parte del padre de los hijos, Francesco Arcuri.
Hay «indicios de presunta negligencia por desatención de la obligación de Juana Rivas de velar por el menor, de modo que permitirle la libre deambulación con el niño puede suponer ponerle en disposición de un grave peligro para él. Por ello, el juez aconseja que la madre no tenga plena libertad para moverse con ellos, contrariamente a lo que opina la defensa y el fiscal por imposición de la Fiscalía General del Estado».
En el pasado uno de los menores «fue víctima de un gravísimo delito estando en compañía de ella, la madre . Y además, según consta, fue en el colegio del menor donde tomaron la decisión de llevarlo al médico . Ni siquiera la madre es quien lo hace. Tampoco consta que denunciara ese hecho como es de esperar en una madre normal». Estos indicios quedaron en suspenso durante el procedimiento pero el juez lo recuerda como «verdadera razón que crea desconfianza por la posibilidad de que la acusada pueda aprovechar cualquier beneficio penitenciario que implique libertad plena de movimiento» y este juzgado de Granada no quiere contribuir a posibilitar esa medida.
«Es posible que haya sido víctima de malos tratos continuos como ha manifestado a pesar de que no existen condenas, pero también es probable que uno de sus hijos haya sido víctima de abusos sexuales por deficiencias en la vigilancia ejerciendo la guarda y custodia, aunque tampoco hay condena. Cierto que no se ha determinado el autor de la brutal agresión padecida por el meno r y por eso fue sobreseida, pero el hecho sigue existiendo y tuvo lugar estando el niño bajo la custodia de la madre. No se trataba de un niño que por su edad sale a jugar o vuelve del colegio y es abordado y abusado, sino de uno de muy pocos años que debe ser controlado y vigilado en todo momento porque no puede valerse por sí mismo. La cuestión entonces: ¿dónde metió la penada a su hijo menor para que fuera víctima de tan atroz atropello ? ¿Qué hizo para vigilarlo?».
Y, sobre todo, ultima el auto del juez contra el que cabe recurso, «¿quién asegura que con plena libertad de movimientos no volverá a secuestrarlos y descuidar su custodia y vigilancia para evitar que sean objeto de otra situación de peligro? Con toda la contemplación mediática de maltratada, se ha interpuesto una cortina de humo que oculta un presunto grave delito de abuso a un menor y siempre quedará un margen acerca de si la madre hizo todo lo que pudo para descubrir ese delito, porque se supone que debía saber dónde estuvo el niño cuando pudo ser abusado, las personas que pudieron tener acceso a él y, por tanto, el círculo de posibles autores ».
Durante los más de dos años que ha durado este procedimiento, la denuncia de presuntos abusos sexuales no se había conocido. Según el juez, en el transcurso de un fin de semana que los niños pasaron con la madre y otras personas en el que, a la vuelta de ese viaje, hubo una denuncia por presuntos malos tratos sexuales contra los niños. En aquel momento, el caso quedó en suspenso, aunque llegaron a realizarse pruebas periciales forenses sobre los niños.
« Esto no es un capricho ni una cruzada contra nada , sino una cuestión arraigada en unos hechos; ahí están los informes de la pediatra y de la forense, las fotografías tomadas al menor demostrativas de lo ocurrido, que puede ocurrir porque el menor estaba con su madre», concluye el auto judicial.
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