Rivas, la injusticia de un indulto

Un juez se niega a dejar libre a la mujer que secuestró a sus dos hijos recordando que pesa sobre ella la sospecha de consentir abusos sexuales. Toda una bofetada judicial al Gobierno

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y la ministra de Justicia, Pilar Llop EP
Editorial ABC

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El caso de Juana Rivas, la mujer condenada por la sustracción de sus dos hijos, e indultada parcialmente por el Gobierno para que quedase en libertad a toda costa, ha dado un vuelco radical . Un juez de Granada, el mismo que emitió sentencia condenatoria contra ella, dictó el pasado jueves una nueva resolución por la que se opone con rotundidad a que quede en libertad definitiva, incluso pese al privilegio que le supone haber recibido un indulto parcial. La situación de Rivas es ahora mismo completamente anómala porque el Gobierno ya no sabe qué hacer para mantener protegido a su particular icono del feminismo , creado artificialmente hace varios años pese a mentir continuamente y pese a sufrir una condena demoledora que no la debió hacer acreedora de ningún beneficio. Tras ser condenada a más de dos años de prisión por secuestrar a sus propios hijos, fue parcialmente indultada porque los jueces, de modo unánime, no consideraron idóneo concederle la medida de gracia completa. Por eso le quedan aún más de diez meses de cumplimiento de la sentencia. No obstante, ya no estaba en prisión, sino en un centro de inserción social y en condiciones mucho más suaves que las de una cárcel. En los últimos días, y en contra del criterio de la Fiscalía de Granada, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado , y la ministra de Justicia, Pilar Llop, habían maniobrado para que ni siquiera cumpliese esos diez meses, sino que quedase ya libre de toda carga para pasar la Navidad con sus hijos.

Más allá de la intromisión-imposición de Delgado desautorizando a la Fiscalía provincial, lo más grave es lo que relata el juez en su resolución. Rivas no debería quedar libre, y así se lo hace saber al Gobierno, porque hay serios indicios de que en el pasado pudo no vigilar o proteger a uno de sus hijos de posibles abusos sexuales . Según el juez, consta el informe de una pediatra, de un forense y la palabra del propio menor, por lo que fue su colegio el que lo llevó al médico. Toda esta información estaba en manos de la fiscal general y del Gobierno cuando aprobó su indulto y quedó, según el juez, deliberadamente oculta. Por eso, argumenta que volver a poner a los menores en manos de Rivas es un peligro que no debe consentir, y se opone a su excarcelación asegurando que no todo vale, ni en derecho ni en política. Y con un recado añadido al Gobierno por su obsesión de sustituir al poder judicial con sus decisiones.

Rivas ha anunciado que se querellará contra el juez, pero en el caso de esta mujer el Gobierno no ha actuado con improvisación o negligencia. Al contrario, lo ha hecho con premeditación y conciencia de los peligros en juego. Lo que ocurre es que el Ejecutivo ‘más feminista de la historia’ dejó ocultos datos esenciales sobre la auténtica naturaleza de Rivas para forzar un indulto inmerecido. En este caso se han ideologizado hechos muy graves al servicio de una campaña de marketing de la izquierda, y los delitos no han sido medidos por Moncloa en función de su gravedad, sino de quién los cometió. Y Rivas, por ser mujer, tenía que ser disculpada de todo sin más discusión. No era cuestión de justicia, sino de una cabezonería que deja al auténtico feminismo en un pésimo lugar.

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