El SUP pide que el plus de 22.000 euros anuales que cobran 19 altos cargos del Gobierno balear se dedique al coronavirus
Los políticos y asesores del Ejecutivo de Armengol empadronados fuera de Mallorca reciben en la actualidad una compensación económica fija por residencia y transporte
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El Comité Federal Territorial de Baleares del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido este sábado un comunicado en el que pide que los 19 altos cargos foráneos del Gobierno balear que cobran hoy un plus de 22.000 euros anuales por residencia y transporte renuncien a dicho plus , que ascendería a unos 400.000 euros al año en total, «para que ese dinero se invierta en dotar de recursos materiales a los profesionales expuestos al Covid-19».
Cabe recordar que los altos cargos del Govern que no están empadronados en Mallorca cobran desde hace años ese plus específico, destinado esencialmente a cubrir los gastos de alquiler de una vivienda en la isla. La mencionada compensación económica fue puesta en marcha hace veinte años. Inicialmente, sólo tenían derecho a ella los políticos y asesores residentes en Menorca, Ibiza o Formentera que debieran realizar de manera habitual su labor en Mallorca. Más recientemente, en 2011, se aprobó que esa compensación la pudieran recibir también políticos o asesores procedentes de la Península o de Canarias que hubieran sido igualmente designados como altos cargos del Gobierno regional y debieran trabajar en Mallorca.
En la presente legislatura gobierna en Baleares la socialista Francina Armengol, que preside un Ejecutivo conformado por miembros del PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca . El plus es percibido ahora por altos cargos foráneos de esas tres formaciones. Aun así, a finales del pasado año trascendieron discrepancias públicas entre Unidas Podemos y MÉS per Mallorca acerca de si sería necesario revisar en mayor o menor medida el sentido de ese plus y también sobre quién debería cobrarlo. Paralelamente, la Oficina Anticorrupción de Baleares inició en diciembre una investigación para conocer si los 19 altos cargos citados cumplían o no los requisitos necesarios para poder percibir los 22.000 euros anuales extra. Las diligencias se iniciaron después de que se hubieran denunciado posibles irregularidades en el cobro de ese plus por parte de algún asesor.
Situación actual
Todas esas cuestiones fueron puestas sobre la mesa en el pleno celebrado en diciembre en el Parlamento regional para debatir y votar las diferentes enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad de 2020. Así, MÉS per Menorca, que da un apoyo parlamentario externo a Armengol, presentó una enmienda en la que defendía que el citado plus sólo fuera cobrado a partir de este año por los altos cargos residentes en Menorca, Ibiza o Formentera, excluyendo a los que procedieran del resto de España. La citada enmienda fue rechazada, por lo que el plus se mantiene hoy en las mismas condiciones con las que ya se había venido otorgando en la última década.
Por su parte, el director de la Oficina Anticorrupción de Baleares, Jaume Far, presentó semanas atrás un informe con sus conclusiones sobre este cada vez más controvertido plus anual por residencia. Far consideró que dicho plus es legal, si bien recomendó al Govern que el montante total a percibir por cada asesor no debería ser genérico e invariable, como hasta ahora, sino que debería fijarse «en función de la realidad del gasto», que además debería ser justificado. Far también recomendó en su informe clarificar los conceptos de residencia «temporal» y residencia «definitiva». Ambas recomendaciones podrían acabar impulsando, más adelante, un posible proceso de revisión en profundidad de la reglamentación actual sobre el mencionado plus.
Valoración crítica
En ese contexto, el SUP recuerda ahora que desde diciembre del año pasado ha venido solicitando información sobre el plus tanto al Gobierno central como al Ejecutivo balear. «De forma momentánea, por responsabilidad hacia nuestra sociedad, paramos las actuaciones legales, las cuales serán iniciadas el mismo día en que nuestro país vuelva a la normalidad social», recalca el citado sindicato policial en su comunicado. A continuación, la nota recuerda las «situaciones excepcionales» que están viviendo en toda España miles de trabajadores, así como sanitarios, policías, guardias civiles, militares y otros colectivos, «sin tener medios de protección suficientes, con el personal bajo mínimos, sin test suficientes para detectar los posibles positivos por Covid-19 y un largo etcétera».
«Les recordamos a estas 19 personas que ayer falleció un policía nacional por este virus, que ellos pueden realizar sus importantes funciones mediante teletrabajo con los iPad y los iPhone adquiridos con dinero del contribuyente, que se queden en casa, mientras tanto nosotros, los profesionales, con orgullo y por responsabilidad ya nos expondremos al Covid-19», concluye el comunicado.
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