El decreto del catalán en la sanidad balear cumple dos años
La situación creada por la pandemia del coronavirus ha relegado a un segundo plano las controversias que suscitó la aprobación de la nueva norma lingüística
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El decreto que regula el conocimiento de catalán que deben tener en la actualidad los médicos y los enfermeros que desean trabajar en la sanidad pública balear se aprobó el 23 de marzo de 2018, por lo que este lunes se cumplen dos años desde su puesta en marcha. Dicho decreto fue el más controvertido y contestado de todos los que impulsó en la pasada legislatura el Ejecutivo tripartito que presidió por vez primera la socialista Francina Armengol , que en el presente mandato continúa al frente del Govern.
Tras la aprobación del decreto, el sindicato CSIF y la plataforma Mos Movem presentaron sendos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) por la posible ilegalidad de algunos puntos de la nueva norma. Finalmente, el pasado mes de enero el TSJIB dictó ya una primera resolución, en la que estimó el recurso del CSIF y declaró nulo el decreto, al considerar que varios de los preceptos fijados limitaban los derechos del personal sanitario . Tras conocerse la citada sentencia, el Govern presentó un recurso de casación. De no haberlo hecho, el fallo hubiera sido considerado ya firme y el decreto habría quedado anulado de forma definitiva.
Cabe recordar que el decreto aprobado hace ahora dos años, más flexible que el originariamente ideado por el Govern en 2017, estableció que se podrían presentar a las distintas oposiciones que convocase el IB-Salud todos los profesionales que lo deseasen, aunque en el momento de examinarse dichos profesionales no tuvieran la preceptiva titulación lingüística fijada para cada categoría laboral, que deberían conseguir más adelante.
Requisito diferido
En sentido estricto, el catalán no es hoy un requisito previo para que un médico o un enfermero puedan trabajar en la sanidad pública balear, sino un requisito diferido. Así, el decreto estableció que quienes se presentasen a las distintas oposiciones previstas por el IB-Salud dispondrían de un plazo de dos años, como máximo, para poder conseguir el diploma de catalán una vez obtenida una plaza fija en el Servicio de Salud. Los médicos y los enfermeros han de llegar a acreditar, según el actual decreto, un nivel elemental —B1— de catalán. De no hacerlo así, no pierden su plaza, pero se les penaliza, ya que no pueden pedir traslados ni acceder al complemento de carrera profesional.
En ese contexto, la mencionada sentencia del TSJIB consideró que varios de los preceptos de la norma aprobada por Armengol limitaban los derechos del personal sanitario. El fallo recordaba, además, que «corresponde a la ley la regulación del estatuto de los funcionarios públicos», mientras que los decretos que puedan aprobarse sólo tendrán la función de « colaborar con la ley en la tarea de completar o desarrollar las determinaciones legales». En el caso que nos ocupa, las especificidades recogidas en el actual decreto del catalán en la sanidad, por ejemplo la del requisito diferido, entrarían en contradicción con la Ley de Función Pública balear hoy vigente. En ese sentido, dichas especificidades deberían haber sido aprobadas legislativamente por el Parlamento regional y no a través de un decreto del Govern.
Por otra parte, tal como había denunciado el CSIF , la sentencia consideraba que no se ajusta a la ley el hecho de no poder pedir traslados ni poder acceder al complemento de carrera profesional en caso de no lograr finalmente la titulación de catalán establecida en el decreto. «Si a los productos normativos de la Administración no les cabe contradecir las decisiones del legislador en cuanto a la exigencia del conocimiento de la lengua propia de la Comunidad autónoma, tampoco les cabe a esos productos normativos privar a los beneficiarios de cualquier derecho legalmente reconocido», especificaba el fallo.
Situación actual
Los partidos que forman parte del Ejecutivo de Armengol, que son el PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, siempre habían defendido que la regulación lingüística aprobada por el Govern en marzo de 2018 era legal y positiva en su conjunto, posición que también mantenía el Sindicato de Enfermería (Satse). En cambio, desde la oposición, el PP, Cs y Vox habían mostrado su oposición frontal al mencionado decreto, al igual que el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y diversas entidades cívicas. Entre dichas entidades cabe destacar la ya citada Mos Movem, que fue impulsada por la empresaria menorquina Úrsula Mascaró. Más allá de todas esas discrepancias, que todavía hoy se mantienen, el futuro del decreto ha pasado a estar ahora ya en manos de los tribunales.
Con independencia de las cuestiones estrictamente procesales, se estima que en los dos últimos años una treintena de profesionales sanitarios han abandonado el Archipiélago por su desacuerdo con la exigencia del catalán. Además, un número indeterminado de médicos y de enfermeros habrían descartado venir a trabajar a las Islas por la citada exigencia, aunque sea diferida, según explica a ABC la presidenta de Mos Movem, María José García . «Las lenguas no deberían ser nunca una barrera», afirma García, que trabaja en el Hospital Mateu Orfila de Mahón.
Cuando se aprobó el decreto del catalán en la sanidad balear, nada hacía prever que dos años después Baleares y el resto de España vivirían una situación sanitaria crítica, como la provocada ahora por la pandemia del coronavirus. «En el Hospital Mateu Orfila y en los demás de Baleares todos trabajamos hoy codo con codo, sin ningún problema de tipo lingüístico , para atender y ayudar a los pacientes», recalca. Las antiguas controversias lingüísticas han quedado necesariamente relegadas a un segundo plano.
