Por qué más de 130.000 alumnos van a tener que posponer sus exámenes de conducir hasta otoño

La tercera de las veinte jornadas de paro convocadas por la patronal de los examinadores de tráfico para estos meses de junio y julio se celebró ayer y dejó posiciones muy enfrentadas, hasta el punto de que algunas partes hablan ya de un «conflicto enquistado» hasta después del verano. De hecho, la amenaza que verbaliza el presidente de la patronal Asextra, Joaquín Jiménez, en conversación con ABC es la de prolongar la huelga, hacerla indefinida desde agosto y dejar a los alumnos sin examen práctico de conducción hasta que el Gobierno se comprometa a una de las cuatro reclamaciones del colectivo: el incremento de un complemento específico, que se traduce en una subida salarial de 240 euros brutos al mes.

Los sueldos de los 650 examinadores que según Asextra hay en España (son 751 de acuerdo con los datos de Tráfico) ascienden a unos 1.200 euros mensuales. Cada examinador se queja de que tiene que hacer frente a una media de 13 pruebas cada día. Esta «excesiva carga de trabajo» ha llevado al sector a estallar y dejar en tierra a 6.000 alumnos ayer, 7.000 el día anterior, siempre acorde a los datos de Asextra.

Estas cifras varían en manos de Tráfico. Según los convocantes, la huelga fue seguida el pasado lunes por el 90% de los examinadores y por un 80% ayer. Por su parte, la DGT rebaja el seguimiento a un 74%, y a un 72%, respectivamente. El seguimiento también es dispar según las jefaturas: en Málaga lo secundan el 100% de los examinadores; mientras en la vecina Cádiz, lo hacen solo un 4% de ellos.

En 2014 eran 900 los examinadores que había para toda España, una tasa que, con las jubilaciones, no se ha repuesto en este tiempo, por lo que el «déficit» de examinadores «supera los 176 a los que se comprometió el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en sede parlamentaria», denuncian tanto Jiménez como José Miguel Báez, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas de España (CNAE), en declaraciones a este diario.

La propuesta secundada por ese Ministerio y también por la DGT es la de sugerir a personal de la carrera pública que aspiren al concurso de traslado al que tienen derecho y superen las once semanas del curso de aptitud que se requiere para ser examinador de tráfico. «Es una de las opciones que se han puesto sobre la mesa para ampliar la plantilla de examinadores, pero no hay nada cerrado», confirman desde la DGT. Se haría con una disposición de 100 puestos adicionales para personas procedentes del personal de tropa y marinería del Ministerio de Defensa, la misma apertura de plazas que se hizo en su día para subsanar la falta de plantilla en Correos.

Sombras de privatización

yer la MesaDelegada de Tráfico se reunió en la sede de la DGTcon personal de los sindicatos con representación, como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que valoró la propuesta que trasladó la DGT y que no es otra que la creación de una escala específica en la función pública para los examinadores que en la actualidad no existe. Con esta fórmula se abriría el campo «a personal de fuera de la Administración por oposición libre», alejando el «fantasma de la privatización», considera CSIF. Porque lo que planea, en opinión del sindicato y Asextra, es la posibilidad de que se «privatice» el sector, acusa Jiménez..

Las pérdidas para las partes afectadas son evidentes. La parálisis de junio y julio dejará a miles de alumnos sin exámenes; otros verán anuladas sus clases, o se verán obligados a repetirlas cuando la prueba finalmente vaya a producirse. Para las 9.300 microempresas, centros de formación y autoescuelas concernidas, según el presidente de CNAE, la sangría es inasumible. «Por cada examen que se deja de hacer, el centro pierde una media de 35 euros», lamenta Báez. 210.000 euros solo durante el día de ayer, por ejemplo. Las autoescuelas verán modificado todo su plan del verano, por una huelga que no apoyan, según CNAE, pero que dicen «entender».