El Gobierno aprueba la ley de la infancia, que endurece las penas y la concesión de permisos para pederastas

A partir de los 30 años, y no de los 18 como hasta ahora, es la edad a la que finalmente el Gobierno quiere que empiece a correr el plazo de prescripción de los delitos de abusos sexuales a menores . Esta es, junto a medidas como la tipificación de nuevos delitos cometidos a través de internet; o el deber de comunicar la sospecha de violencia para todos los ciudadanos, algunas de las medidas del anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que ha aprobado este martes el Gobierno.

El texto inicia por fin su tramitación parlamentaria, donde todavía puede sufrir modificaciones, después de años sobre la mesa. De hecho, esta ley empezó a fraguarse con el Gobierno del PP, se mantuvo con el PSOE y con el Gobierno de coalición. Ahora, el texto presentado por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias , ampara también la creación de un «coordinador de bienestar y protección» en los centros educativos y se incluye en los delitos de odio la edad como causa de discriminación.

«Se trata de una ley fundamental para los derechos de la infancia que tenía que haberse presentado antes, pero por la pandemia tuvimos que retrasarla hasta hoy», ha reconocido Iglesias en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El vicepresidente segundo ha asegurado que hará un «esfuerzo» para que el texto resultante tras la tramitación parlamentaria sea «de amplio consenso»; y ha pedido «perdón» a todas las personas que han sido víctimas de violencia y abusos sexuales en la infancia, para los que la ley «llega tarde».

La ley tiene un enfoque integral , incluyendo reformas en el sistema penal, educativo o sanitario, y pone énfasis en la prevención. Aborda protocolos de violencia en las escuelas y centros de deporte y ocio, así como la formación especial de jueces, fiscales o fuerzas de seguridad. La creación de una fiscalía especializada o juzgados para la infancia se desarrollará más adelante. La ley impulsa también la creación de un Registro Central de Información y todos los colegios e institutos tendrán un «coordinador de bienestar y protección», que será el encargado de velar por los protocolos contra el acoso escolar y violencia, algo que ha levantado polémica entre educadores sociales y centros de educación.

Se estima que sólo uno de cada cinco delitos contra la infancia es denunciado, así que introduce el deber para cualquier ciudadano de comunicar, incluidos familiares y cónyuges, cualquier indicio de que se haya producido violencia contra un menor. «No es un problema privado, sino social», ha dicho Iglesias. Y se recoge la pérdida de la patria potestad para padres condenados en asesinatos u homicidios en casos de violencia de género. «Un asesino machista jamás puede ser un buen padre y, por tanto, no puede tener derecho a la patria potestad», dijo Iglesias.

También refuerza el cumplimiento para los casos de pederastia . En concreto, el texto contempla el endurecimiento de las condiciones para el acceso al tercer grado, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios «por parte de las personas penadas por delitos que atenten contra la indemnidad y libertad sexuales de personas menores de dieciséis años».

Otras de las modificaciones del Código Penal que incluye es la modificación de los delitos de odio . La edad ha sido incorporada como una causa de discriminación (también amparará a personas de edad avanzada) y se ha aprovechado la reforma para incluir la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales.