¿Es necesario un juzgado específico para los delitos contra la infancia?
Las organizaciones especializadas creen que si son necesarios en los casos de violencia contra la mujer, lo son mucho más en los delitos contra los menores
A partir de los 30 años, y no de los 18 como hasta ahora, es la edad a la que finalmente el Gobierno propone que empiece a correr el plazo de prescripción de los delitos de abusos sexuales a menores . Esta, junto a medidas como la creación de protocolos unificados en escuelas, centros de salud o deportivos; o el deber de comunicar la sospecha, son algunas de las medidas recogidas en el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que aprobó este viernes el Gobierno. Un «gran avance» para los derechos de los menores, según reconocieron este viernes las organizaciones de protección a la infancia, pese a que deja fuera algunas reclamaciones clave, como la creación de juzgados especiales o una fiscalía especializada.
La ley comenzó a fraguarse con el Gobierno del PP y se mantuvo con el PSOE, una trayectoria que este viernes recordaban todas las organizaciones de protección a la infancia para pedir que el trámite parlamentario, que esperan que comience en febrero, no se extienda en el tiempo y tenga altura de miras.
En la actualidad, el plazo de prescripción en los casos de abuso y agresión sexual a menores empieza a contar a partir de que la víctima cumple los 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad. «Todos los expertos consideran que hasta que una víctima no cumple los 30 años, no es capaz de procesar el trauma, de entender que no fue su culpa, que no estuvo bien, y más cuando muchas veces el abusador es del entorno», resume Almudena Olaguibel, especialista en políticas de infancia de Unicef Comité Español. Por ello, cuando la víctima por fin estaba dispuesta a acudir a los juzgados, el delito ya había prescrito.
«En Cataluña se han dado muchos casos en los que han aflorado los abusos fuera de plazo», cuenta Pilar Tintoré, presidenta de la Sección de Infancia y Adolescencia del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab). «Además de la prescripción a partir de los 30 años , se había valorado extenderlo hasta los 50. Son dos maneras de enfocarlo, pero lo que está claro es que no sirve el sistema actual porque está acreditado que esos abusos no afloran hasta muchos años después». A falta de que el articulado completo del anteproyecto se publique, lo que sí comunicó este viernes el Gobierno es que ese plazo comenzará a correr a partir de los 30 años.
Sin juzgados
Lo que ahora preocupa a los expertos es que, en el texto hecho público este viernes, no se haya incluido mención alguna a la creación de un juzgado especializado en violencia contra la infancia o una fiscalía especializada. «Nos preocupa el tema judicial. Era el más discutido entre ministerios y nos preocupa que no vea la luz», cuenta Olaguibel. «Si cuando pensamos en la violencia hacia las mujeres tuvimos claro la necesidad de crear juzgados especializados, en el caso de los niños la necesidad es igual o incluso mayor», opina Andrés Conde, director de Save The Children.
Hoy, de todas las ocasiones en las que los menores denunciaron abusos, la causa no llegó a juicio en el 70% de los casos. «Lo más común es que el proceso legal se resuma en la contraposición de los testimonios», aseguraba un informe de la organización que lidera Conde en el que se analizaron las sentencias en España entre 2012 y 2015. En esa etapa, las denuncias registradas sumaron poco más de 4.000. Cuando el menor por fin denuncia había pasado de media un año desde el último incidente, sin contar con que los abusos se producen normalmente a lo largo de cuatro años. El proceso judicial también suele alargarse. Un niño que comienza a sufrir abusos a los 7 años y denuncia, termina el proceso judicial a los 15, ya que este se extienden al menos otros tres años.
«Los abusos siempre son complicados de acreditar, y son complicados porque se producen en entornos de intimidad, familiares o escolares, cuando nadie lo ve. El abusador se encarga de encontrar el momento en el que no va a ser descubierto », explica Tintoré, que es defensora de la creación de juzgados especializados en materia de infancia. «Cuando pasan los años y la víctima decide explicarlo, probarlo resulta muy complicado porque es su palabra contra la de otra persona. Y el proceso penal persigue no condenar a alguien que no sea culpable y por ello las pruebas tienen que ser muy claras», explica la abogada. En su trayectoria, ha encontrado casos en los que, incluso aunque haya pasado poco tiempo, resulta muy complicado de probar. Lo que sí sucede en ocasiones y ayuda al proceso es que, cuando una víctima habla, otras se animan a hacerlo, y la confluencia de varios testimonios sí puede desembocar en una condena.
Para las organizaciones de protección a la infancia los procedimientos actuales no contemplan lo específico que tienen los niños cuando son víctimas. «Contar con juzgados y fiscalías especializadas sería las máxima de las garantías», dice Conde. «Si no lo tenemos, no invalida el resto de la ley, pero es una carencia».
El anteproyecto sí menciona la «prueba preconstituida», de tal forma que los menores de 14 años solo declaren una vez (y no hasta cuatro, como sucede con la normativa actual) o la obligatoriedad de que familiares que hayan sido testigo estén obligados a comparecer.
El texto también amplía la definición de violencia, que abarcará toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, como los castigos físicos o el trato negligente , así como la violencia ejercida por medio de las nuevas tecnologías.
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