Educación «hablará de todo» en el marco de un Pacto de Estado

Una modificación de los «efectos académicos» de las polémicas reválidas de ESO y Bachillerato, que c ontempla la Lomce, puede ser uno de los puntos claves para desatascar el rechazo frontal de la oposición política y parte del sector contra esta normativa. El Ministerio de Educación está dispuesto a hablar «de todo» en el marco de la negociación que se ha abierto para alcanzar un Pacto Nacional por la Educación. Una negociación que incluirá las polémicas reválidas, así como todos los temas que afectan al sector.

Aunque a día de hoy, con un Gobierno en funciones y sin acuerdo para investir a un nuevo presidente, no se dan las mejores condiciones para este pacto; el ministro Íñigo Méndez de Vigo

abrió ayer una ronda de diálogo con todo el sector. Una primera toma de contacto en el inicio de la legislatura fue con la mayor organización de padres de alumnos, Ceapa, y el primer «no» a su iniciativa. Hoy la continuará con la Concapa, que representa a los padres católicos.

La Ceapa irrumpió en el despacho del ministro casi con una declaración de guerra, al anunciar un recurso contra el decreto que regula las reválidas de ESO y Bachillerato, que aprobaron el pasado 30 de julio. Este colectivo depadres puso el acento en el principal problema al que tendrá que hacer frente el ministro en los próximos días y que dificultará el acuerdo: «No tiene sentido hablar con un Gobierno en funciones porque no puede asumir compromisos», aseguró a ABC el presidente de esta organización, José Luis Pazos.

El Gobierno va a tener que lidiar con varios frentes y todos ellos han situado en su diana a las reválidas. Hay consenso en pedir que se reescriban estas pruebas de evaluación que tanto malestar han causado, pero que ahora se encuentran atrapadas en un enjambre jurídico y político de difícil resolución si se quiere satisfacer a todas las partes.

Los responsables gubernamentales son conscientes de que en la negociación habrá que ceder. Pero a día de hoy hay que cumplir la ley, y el Gobierno no se puede plegar a las presiones del PSOE y Ciudadanos en el Parlamento para paralizar el decreto que las regula y no publicar la orden ministerial que las desarrolla. Solo lo hará si se consensúa un nuevo texto en el Pacto Nacional de Educación.

Hay que recordar que en este curso escolar 2016-2017, las reválidas de 4 0 de ESO y 20 de Bachillerato se realizarán por primera vez y no tendrán efectos académicos. En cambio, en el curso 2017-2018 sí tendrán efectos académicos. La reválida de Bachillerato que dará acceso a la Universidad, en el caso de que se apruebe, ha sido pactada con los rectores. Igualmente, se acordó el pasado mes de abril que no será tipo test y que el Gobierno diseñará los contenidos de la prueba y las autonomías redactarán las preguntas.

En relación al Real Decreto de 30 de julio que regula las reválidas, las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE han anunciado que recurrirán ante los tribunales su aplicación. Igualmente, presentarán una iniciativa en el Senado para que en el primer Pleno del próximo día 27 se debate la suspensión de las reválidas. A esta ofensiva se ha unido Ciudadanos en el Congreso de los Diputados al registrar una Proposición No de Ley para paralizar las reválidas.

Sin Consejo Escolar

En el caso de la orden ministerial, aunque el Gobierno tiene de plazo hasta el 30 de noviembre para su aprobación, se ha encontrado con un problema administrativo imprevisto. Antes de su aprobación el texto tiene que pasar por el Consejo Escolar del Estado, cuyo presidente y vicepresidenta se han jubilado y el secretario general ha fallecido. Para intentar solventar este obstáculo, el Ministerio de Educación ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado para que informe sobre alguna fórmula que permita su funcionamiento. Un Gobierno en funciones no puede nombrar a un nuevo presidente de este organismo.

Junto al frente abierto por asociaciones de padres, sindicatos y otros representantes del sector, el ministro tendrá también que intentar acercar a sus posiciones a los grupos políticos. Este apoyo es fundamental para poder modificar la Lomce que, al ser una ley orgánica, necesita la mayoría del Parlamento.

Las posiciones están muy alejadas y todo dependerá de si hay o no acuerdo de investidura. Todos los partidos coinciden en alcanzar este pacto, pero cada uno, por diferentes razones, admiten que no tienen mucha confianza en que se cierre.

Uno de los más escépticos es el portavoz de Educación del Grupo Socialista, Manuel Cruz, quien llega a asegurar que hay «mucho postureo y oportunismo político» en la actitud del ministro. A juicio del diputado socialista, «si el Gobierno tuviese una voluntad real de alcanzar un Pacto hubiera constituido una subcomisión. Estamos con un Gobierno en funciones». En este sentido se pregunta si un Gobierno en funciones puede plantear un pacto de tanta importancia.

Ciudadanos no se opone frontalmente a las reválidas, pero el diputado Miguel Gutiérrez subraya que «deben partir de un consenso». Además, asegura que el Grupo Popular puede presentar una Proposición de Ley para cambiar el texto actual.

Desde el Partido Popular, la portavoz de Educación, Sandra Moneo, asegura que esta situación es «el coste político del no Gobierno. El actual PSOE no va a entrar en el Pacto ni en nada» y que sería una «irresponsabilidad» paralizar las reválidas.