La Fiscalía responde al Gobierno y reivindica su defensa de las víctimas de delitos sexuales

La Fiscalía General del Estado ha respondido al Gobierno de Pedro Sánchez , que anunció el pasado viernes que el Estado se personará en las causas con víctimas de delitos sexuales , y ha reivindicado su labor. En una nota que reacciona a la propuesta del Ejecutivo, el Ministerio Público ha manifestado que «la defensa y tutela de las víctimas está garantizada» por la Fiscalía, encargada de defender el interés público , cuya intervención está asegurada por la ley en todos los procedimientos en los que hay denuncia.

«Esta ha sido, y continuará siendo, la posición y la práctica del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos penales con relación a las víctimas, muy singularmente respecto de las que lo son de delitos sexuales, llevando a cabo su defensa integral, tanto en la vertiente penal como en todos los aspectos regulados en el Estatuto de la Víctima», expresa el comunicado emitido este lunes por la Fiscalía General del Estado. La nota del Ministerio Público está dirigida a los ciudadanos, a quienes quiere informar de su cometido.

Esta reacción responde al anuncio de la vicepresidenta del Gobierno, Isabel Celaá, que en el último Consejo de Ministros sorprendió revelando que el Ejecutivo estudia personarse en tales causas. Una medida que consideran inviable los juristas consultados por ABC , ante la ausencia de una forma jurídica con la que participar. Según los expertos, la Justicia no permite al Estado personarse como acusación popular , una figura que busca promover la participación de los ciudadanos y bajo la que sí pueden actuar los entes locales. Más allá de esta acusación, la Fiscalía interviene en defensa del interés público, como reivindica este lunes la Fiscalía General del Estado, y la víctima se defiende como acusación particular.

El anuncio del Gobierno llegó tras la liberación provisional de los cinco miembros de La Manada , condenados a nueve años de prisión por abuso sexual en los Sanfermines de 2016, una decisión que volvió a desatar protestas en muchas ciudades de España. La Audiencia de Navarra, que enjuició los hechos y dictó la sentencia condenatoria, consideró necesario liberar a los condenados ante la ausencia de riesgo de fuga y de reiteración delictiva, una vez pasados dos años de prisión provisional. Esta medida, de carácter excepcional, permite encarcelar a una persona que no ha sido condenado por sentencia firme, como en el caso de la Manada, con el único objetivo de impedir que se fugue, que destruya pruebas o que vuelva a delinquir.

Uno de los tres magistrados del tribunal apoyó mantenerles en prisión, al valorar la gravedad de la condena de nueve años de cárcel, a pesar de que no sea firme, y la necesidad de proteger a la víctima. Los jueces que aprobaron la liberación sostienen que los condenados no tienen medios para fugarse, y descartan que haya posibilidad de reiteración, dado que son «sobradamente conocidos» y el rechazo social generado.