Acusan a un centro abortista de «colaborar» con una red de trata
Abogados Cristianos responsabiliza a la clínica de no denunciar la explotación sexual de menores inmigrantes que fueron a abortar
Secuestradas, violadas y amenazadas. En estas condiciones se encontraban al menos tres menores nigerianas captadas por una organización criminal que, según denuncia la Asociación Española de Abogados Cristianos, les obligaba a prostituirse . Los hechos se conocieron hace ahora dos años, pero este martes arrancará el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Los acusados son tres hombres que hasta ayer se encontraban en libertad por un delito de pertenencia a un grupo dentro de una organización criminal, otro de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y de inducción al aborto involuntario.
La asociación se personará como acusación particular en el juicio con el objetivo de se investigue «una clara conexión entre la red criminal y el centro de abortos Dator que consintió estos delitos al no denunciarlos cuando llevaban a niñas, inmigrantes y menores a abortar», explica a ABC la letrada y presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos , quien asegura que el caso está lleno de irregularidades que «hacen sospechar».
A partir de las declaraciones de las víctimas, a las que ha tenido acceso la asociación, queda acreditado que las menores no tenían la identificación en regla puesto que fueron secuestradas y traídas a España de manera ilegal. Además, Castellanos detalla que algunas iban a abortar con el mismo nombre y acudían siempre al mismo centro pese a que no era el que más cerca se encontraba ni era el más barato.
Las menores acudían al centro acompañadas siempre «por un señor blanco de más de 60 años»
En la clínica «no se esperaba el plazo de tres días establecido por la ley que ha de transcurrir desde que se acude a pedir información hasta que se aborta. Para poder saltarse este requisito, los responsables de la clínica -afirma Castellanos- garantizaron que entrevistaban en español a las pacientes, un idioma que las propias víctimas declararon desconocer». «No saben hablar, leer ni escribir en nuestro idioma», subrayó la abogada, quien insistió en que las menores acudían al centro acompañadas siempre «por un señor blanco de más de 60 años».
Desde Abogados Cristianos critican que, frente a todas estas irregularidades, el centro abortista no denunciara la situación de estas jóvenes y lo achacan a una «colaboración» . «Es asqueroso, pero tiene cierta lógica que estas mafias contacten con determinados centros de abortos para que todas estas niñas prostituidas aborten con total impunidad», destaca la abogada. Clínica Dator , el primer centro privado en obtener el permiso para realizar abortos en España, no ha querido hacer declaraciones a este periódico, solo se ha limitado a afirmar que la denuncia está archivada.
En un primer momento el juzgado abrió dos piezas separadas del mismo caso. Por un lado, se juzgaría a los acusados de la organización y por otro a la clínica, decisión a la que Castellanos no encuentra explicación. Hace un año se sobreseyó la parte que implicaba al centro de abortos, algo que ocurrió, según la asociación, porque el juez no les permitió preguntar a los imputados ni a las testigos. «No se nos dejó actuar» , critican.
Castellanos sostiene que si hubieran acudido a la seguridad social, los médicos de la sanidad pública habrían actuado
Lo que Abogados Cristianos pretende con el juicio que comienza este martes es «poder destapar todas las irregularidades y la colaboración de la clínica privada con la organización para que las víctimas no pudieran dar la voz de alarma», afirma la presidenta de la asociación. Sostiene que si hubieran acudido a la seguridad social, los médicos de la sanidad pública habrían actuado. «Esto hace que nos replanteemos si estos centros de abortos privados, aunque subvencionados por todos con nuestros impuestos, deben hacer esto. A la vista está que no dan garantías a las mujeres , todo lo contrario», advierte Castellanos.
Según el escrito de acusación de Abogados Cristianos, al que ha tenido acceso este periódico, la asociación pide para cada uno de los acusados penas de diez años de cárcel -cuatro por trata de seres humanos, dos por la pertenencia a una organización criminal y cuatro por aborto ilegal- y una multa de doce meses por cada uno de los tres delitos. Para que las menores no escaparan, « se las amenazaba con vudú ». De hecho, las fotos de la Policía Nacional que aparecen en el expediente judicial «muestran ritos relacionados con el vudú . En un recipiente se ha encontrado vello de diferentes partes del cuerpo y en otro, cenizas de lo que parecen ser restos de animales», resalta la abogada.
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