El PP retirará su última reforma del aborto si el TC avala la legalidad de la ley vigente

Una vez pasadas las elecciones municipales y autonómicas, el PP ha reactivado su reforma del aborto en el Congreso, para exigir el consentimiento paterno en el aborto de las menores. El jueves 11 de junio, el Pleno debatirá sobre las cuatro enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos de la oposición. Mientras, todos siguen mirando de reojo al Tribunal Constitucional, que sigue sin pronunciarse sobre el recurso que planteó el PP en 2010 contra la ley de plazos del Gobierno de Zapatero. El Grupo Popular tiene previsto aprobar su mini-reforma en septiembre, pero advierte de que si el TC avala la ley socialista vigente, acatará el texto por completo y retirará su Proposición.

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marta González, se refirió, en declaraciones a ABC, a la tardanza del TC en dictar sentencia sobre la ley Aído, de 2010: «Como el Constitucional no se pronunciaba, el PP quiso mover ficha con esta Proposición de Ley sobre el consentimiento paterno, porque es la parte que nos parecía más terrible y la que debía cambiarse cuanto antes».

A su juicio, el TC está tardando demasiado. Pero qué pasaría si los magistrados se pronunciaran ahora, en esta recta final de la legislatura. «Retiraríamos la reforma», afirma contundente la portavoz popular. «Absolutamente, asumiríamos la ley de 2010, porque debemos acatar lo que diga el TC», explica con seguridad.

Marta González no cree que la pérdida de votos del PP en las últimas elecciones del 24-M sea atribuible a su posición respecto al aborto. «No creo que sea lo más relevante, ni que esté entre las primeras preocupaciones de los electores y los ciudadanos. No lo veo determinante».

Los plazos legislativos en el Congreso empiezan a ser escasos, y la Proposición de Ley escueta que ha presentado el PP empieza a tener el tiempo justo para ser aprobada. «Se va a aprobar», subraya la portavoz adjunta del Grupo. Será, previsiblemente, en septiembre, eso sí, «si el TC no nos hace replantearnos esta cuestión».

En el Pleno del día 11 se debatirán las enmiendas de totalidad presentadas por el PSOE, Izquierda Unida, BNG y ERC. «Para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales», dice la Proposición del PP, algo que esos grupos rechazan de plano. No quieren un solo cambio sobre la ley actual.

Desde el PSOE,Carmen Montón, defiende la ley Aído porque «es una buena ley, y no tiene sentido que con una legislatura agotada, el PP quiera dar un golpe a los derechos de las mujeres, especialmente a las más jóvenes».

Respecto al recurso pendiente del TC, Montón no se queja de lo que tarda la sentencia, sino de que el PP no haya dado marcha atrás. «El PP debe desistir. El recurso está firmado por Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y otros miembros del Gobierno. Lo que tienen que hacer es desistir del recurso y utilizar su mayoría absoluta para hacer la reforma completa que querían. ¿Por qué no lo hacen?», se pregunta la diputada socialista. A su juicio, con el recurso vivo el PP está poniendo en un aprieto a las instituciones. «Si el TC decide que el derecho a decidir de las mujeres no es constitucional nos pondrá en un dilema, sería muy grave», sostiene.

En Izquierda Unida sí creen que el Constitucional debería haberse pronunciado hace mucho tiempo «para despejar todas las dudas y evitar actuaciones políticas paralelas», según fuentes de este grupo parlamentario.

CiU se divide en este asunto en el Congreso. Por un lado, en Convergencia (10 diputados) se da libertad de voto, pero se defiende la ley Aído en su totalidad. Lourdes Ciuró advierte al TC de que interpretar algo distinto de lo aprobado por el Parlamento, que representa la voluntad de los españoles, es «imprudente». «Ya estamos acostumbrados en Cataluña», dice. A su juicio, es el PP el que debe retirar su recurso. Desde Unió (6 diputados), se apoya al Gobierno en este caso, y se insta al TC a dictar sentencia cuanto antes, como algo previo a modificar la ley, como dice Conchita Tarruella.

Por el PNV, Joseba Agirretxea lamenta el funcionamiento «nefasto» del TC, y sostiene que debería pronunciarse cuanto antes. «El PP debería tener la decencia de esperar a conocer la sentencia del TC antes de modificar la ley», afirma.