El voto católico al PP, pendiente del fallo del TC sobre el aborto

En la pérdida de votos que sufrió el Partido Popular en las elecciones del 24-M hay varios factores. Uno de ellos, de los que movió a una parte importante de casi dos millones de votantes del PP a quedarse en casa fue la política seguida por el Gobierno en la cuestión del aborto.

A lo largo de tres décadas la Iglesia española, en su mayor parte, ha mantenido una postura pragmática en su relación con los partidos políticos a la vista de la actitud que cada uno mantenía frente al aborto. Ese pragmatismo se ha sustanciado con una actitud de favorecer el «mal menor». Y, a lo largo de estos años, el «mal menor» ha sido votar al Partido Popular.

El PP generó una nueva esperanza en ese sector del electorado con el recurso de inconstitucionalidad contra la ley Aído. Esperanza que se convirtió en ilusión con el borrador del proyecto de ley de Alberto Ruiz-Gallardón. Pero tras la retirada del proyecto Gallardón, se produjo un punto de inflexión. Fueron muchos dentro de la Iglesia los que llegaron a la conclusión de que la diferencia entre el «mal menor» que hasta entonces representaba el PP y el «mal mayor» en esta materia, encabezado por el PSOE e integrado por muchos otros, era tan de matiz, que no justificaba el apoyo al PP. Entre los católicos preocupados por esta cuestión se ha dado un número elevado de abstenciones en las pasadas elecciones, votos que perdían las candidaturas del PP. Y votos que no iban a otros partidos porque entre los que han obtenido una representación relevante ninguno tiene una posición sustancialmente diferente de la del PP o el PSOE.

El resultado de las últimas elecciones ha llevado a varios movimientos dentro de la Iglesia a buscar una forma de salir de la situación de bloqueo en la que ha situado esta cuestión el Gobierno. Es evidente que la abstención de los votantes católicos puede permitir nuevas mayorías de izquierda, que serían, guste o no el término, una suerte de nuevo frentepopulismo. Con toda seguridad esa reedición del frente de izquierdas no llevaría a una quema de conventos como la de 1931. En nuestros días prender fuego a una iglesia en España es impensable. Pero la Iglesia española sabe muy bien que la quema de la que hablamos en la segunda década del siglo XXI es de otro tipo. La quema hoy se hace con medidas financieras. Para empezar, suprimiendo el 0,7 por ciento que cada español puede atribuir voluntariamente a la Iglesia en su declaración de la Renta. Aún así, la Iglesia Católica podría sobrevivir, mal que bien, sin esa aportación. Pero la puntilla vendría si se aplicase el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a todas las iglesias de España. El 90 por ciento de las parroquias españolas no podrían hacer frente a esa tasa. Tasa de la que no están exentos sólo los templos de la Iglesia Católica. Pero, huelga decir, que un Gobierno populista nunca crearía un problema similar a un club de fútbol por medio de su estadio. Ese tipo de medidas se dirigirían sólo contra la Iglesia Católica y pondrían su supervivencia en jaque.

En este contexto se busca la manera de poder superar la ruptura entre una parte del voto católico y el PP. Y una forma puede venir dada si al fin, después de cinco años, el Tribunal Constitucional (TC) emite su sentencia sobre el recurso que presentó el PP a la ley de Rodríguez Zapatero. El presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, declaraba a ABC el pasado 12 de abril, que le «gustaría que ese tema se hubiera zanjado ya, pero si no lo hemos hecho es por un ejercicio de responsabilidad institucional». Como quiera que uno interprete esa «responsabilidad institucional», parece evidente que la sentencia permitiría sacar del atolladero el difícil momento de la relación Iglesia-Estado en este terreno. Porque fuera el que fuese el sentido de la sentencia, y asumiendo que no reconocería el aborto como un derecho, algo que en la vigente constitución parece muy difícil, habría un nuevo marco legal al que el Gobierno y la Iglesia deberían atenerse. Con el aborto enmarcado en esa nueva legalidad definida por el Tribunal Constitucional, se abriría la puerta para buscar una forma de superar el alejamiento al que se ha llevado a muchos católicos que se han sentido traicionados por el Gobierno de Rajoy en esta materia. Por sorprendente que parezca, una sentencia que no avale lo que la Iglesia hubiera querido ver como norma, podría servir para provocar un acercamiento, para superar el desencuentro que se ha producido en estos años entre el Gobierno del Partido Popular y un amplio sector de integrantes de la Iglesia Católica, que son votantes habituales del PP.