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Tres de los siete juzgados por atentado y desórdenes en la huelga del metal están presos por otras causas
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Estos acusados han acudido al juicio sobre los graves altercados del Río San Pedro durante las protestas de 2021 trasladados y custodiados desde la cárcel
Uno de los detenidos entonces acababa de cumplir una condena por intento de homicidio, otro por robo con violencia
Fotos: lanzamiento de objetos y cargas policiales en el Río San Pedro
Ocurría el 24 de noviembre de 2021. Duró más de seis horas. Desde las ocho y pico de la mañana hasta pasadas las dos de la tarde. Durante todo ese tiempo -y este medio fue testigo directo- un grupo de manifestantes se enzarzó en la barriada del Río San Pedro en una batalla campal contra la Policía quemando contenedores, lanzando botellas, piedras, bengalas, tornillos, adoquines... y todo lo que se encontraban. O tenían preparado: como las botellas incendiadas con salfuman, una sustancia altamente inflamable que se usa a modo de 'cóctel molotov'.
Un colegio y una guardería se encontraban en las proximidades y el dispositivo especial desplegado por agentes antidisturbios de la UIP se centró en poder contener a esta masa que, según se aseguró, actuaban en nombre de los trabajadores del metal. Sin embargo, algunos de los participantes no fueron reconocidos ni identificados como tal en las labores posteriores de investigación de la Brigada de Información de la Policía.
De hecho estas identificaciones no fueron fáciles ya que esos manifestantes taparon su rostro con pasamontañas, capuchas y pañuelos al tiempo que proferían todo tipo de amenazas. «Asesinos, perros, venid aquí, no tenéis cojones...» y dedicatorias mucho peores (impublicables) caían una y otra vez del otro lado. Los agentes mantuvieron sus posiciones recibiendo órdenes y siguiendo las diferentes tácticas de orden público para lograr que la normalidad volviera a este barrio obrero.
Al tiempo, varios padres llegaban a la guardería a recoger a sus hijos de muy corta edad al conocer por los medios de comunicación lo que estaba ocurriendo. «No hay derecho, el miedo que estamos pasando . Tengo hasta una crisis de ansiedad, tengo a los niños aquí y están quemándolo todo, ¿no les importa o qué?», decía la directora de este centro. Otra vecina lloraba al descubrir que le habían destrozado su coche que estaba en la calle.
Más de dos años después de aquel episodio, enmarcado dentro de las protestas de la huelga del metal, los que fueron detenidos días después por estos hechos están acusados como presuntos autores de atentado a los agentes y desórdenes públicos y por ello se les juzga. Finalmente fueron ocho los detenidos pero uno ha sido ya absuelto.
Un cambio en el Código Penal obliga a suspender el juicio a los manifestantes del metal
La modificación en el delito de desórdenes públicos provoca que el Juzgado de lo Penal no sea competente para aplicar la norma. La causa pasa a la Audiencia Provincial cuya fecha de juicio se tendrá ahora que fijar
La Fiscalía les acusa de estos delitos y pide que sean condenado a tres años de prisión. Este martes se iba a celebrar la vista pero ha sido suspendida debido a un cambio en el Código Penal que ha provocado que el procedimiento se traslade con nueva fecha del Juzgado de lo Penal a la Audiencia Provincial de Cádiz.
A este juicio tres de los siete procesados llegaban en furgón policial. Entraban por la parte lateral de los juzgados procedentes de prisión donde están cumpliendo dicha privación de libertad por otras causas. El motivo de su internamiento no ha transcendido ya que no se ha querido facilitar dicha información.
A este respecto, cabe recordar que ya cuando se practicaron las detenciones fuentes policiales aseguraron a este periódico que uno de los implicados acababa de cumplir condena por un intento de homicidio. Y a otro de ellos se le tuvo que comunicar la detención también en la cárcel porque entonces estaba interno cumpliendo una pena por robo con violencia.
La Fiscalía, que es quien ejerce la acusación pública basándose en la instrucción que durante este tiempo se ha realizado, recuerda los hechos en su escrito de calificación.
Sobre los procesados asegura que todos ellos colocaron barricadas cortando las vías de acceso a ambos puentes y que además arrojaron piedras, adoquines, botellas de cristal y demás a los policías al tiempo que hacían gestos amenazantes empujando los contenedores que incendiaron y causaron diferentes daños. Todos -afirma la Fiscalía- formaron parte de «un grupo violento» y, de ahí, que el Ministerio Público solicite dichas penas para cada uno de ellos.
Por su parte, la defensa de los investigados pide la absolución de todos al considerar que ejercían su derecho libre a manifestarse y que las penas que se les quieren imponer son «excesivas».
