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Un cambio en el Código Penal obliga a suspender el juicio a los manifestantes del metal
La modificación en el delito de desórdenes públicos provoca que el Juzgado de lo Penal no sea competente para aplicar la norma. La causa pasa a la Audiencia Provincial cuya fecha de juicio se tendrá ahora que fijar
Un cambio en el Código Penal ha provocado que el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz haya acordado la suspensión del juicio que estaba previsto celebrarse este martes en su sala contra los manifestantes de la huelga del metal y que ahora, tras aceptarlo así todas las partes, se pasará a la Audiencia Provincial.
Así se ha decidido una vez que los siete procesados se han sentado en el banquillo de los acusados y el juez les ha informado de tal modificación. Como se recordará esta causa juzga a los investigados que fueron detenidos durante los disturbios de la huelga del metal de 2021. La Fiscalía solicita para ellos tres años de cárcel como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos y de atentado a agentes de la autoridad.
Como ha detallado el propio juez a los siete procesados en la sala con el cambio del Código Penal que fue posterior a los hechos de 2021, el delito por desórdenes públicos que en el escrito de calificación fiscal contemplaba la aplicación del artículo 597 bis ha 'desaparecido' por lo que ahora tendría que acogerse en su resolución al artículo 597. Esta circunstancia situaría los hechos imputados en una horquilla de entre cuatro a seis años de cárcel. Por este motivo, y para poder aplicar la norma «más beneficiosa al reo» -es decir, la redacción antigua- el órgano competente para aplicarla (de uno a seis años) es la Audiencia Provincial y no el Juzgado de lo Penal.
«El tribunal de la Audiencia es quien debe juzgar los hechos», ha manifestado el fiscal. De esta manera la acusación mantiene la calificación de tres años como desórdenes públicos. Las defensas se han adherido a este cambio de juzgado al apoyar que se aplique la norma más favorable para sus representados.
Ahora, y tal y como ha explicado el abogado Pedro Castilla, representante de varios de los procesados, hay que esperar que se trasladen todos los autos a la Audiencia, que es donde se deberían haber trasladado en su momento. «Es un defecto de forma per se, independientemente de la modificación del delito». Así, habrá una remisión de todos los autos a la Audiencia y se encauzará todo por el procedimiento en el órgano competente.
La Fiscalía mantiene la calificación dos años de cárcel por desorden público y uno por atentado a la autoridad para cada uno de ellos. Los siete trabajadores se enfrentan a un juicio por la vía de lo penal por su presunta participación en los disturbios que se produjeron el 22 y 24 de noviembre de 2021 en la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real.
«No deberían de haber sido encausados»
Pero a pesar de esta suspensión de última hora, el abogado Pedro Castilla, quien representa los intereses jurídicos de la mayoría de los procesados, ha destacado que «en ningún caso deberían haber sido encausados». «Son trabajadores del metal», ha asegurado, «estaban ejerciendo un derecho constitucional al manifestarse contra un convenio colectivo que no es malo pero no se cumple».
Además ha denunciado ante los medios que durante el procedimiento desde la defensa no han tenido acceso a todos los autos de un sumario «amplísimo» por lo que solicitarán la «vulneración» de derechos. Incluso -según ha incidido- uno de los detenidos se enteró sólo «hace unos días» que había sido absuelto. «Ni siquiera nos notificaron eso», ha lamentado.
Por su parte, Manuel Barbé, miembro de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), ha valorado de forma positiva la suspensión de este juicio ya que con ello los abogados de sus compañeros dispondrán de «más tiempo» para preparar la defensa. «El abogado nos comentó que tuvo bastantes problemas para recopilar toda la información y, lógicamente, entendemos que este tiempo que va a tener va a ser mejor para preparar los juicios y tener una buena defensa como debe de ser».
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Apoyo de más de 200 personas
En torno a las ocho y media de la mañana decenas de personas se iban concentrando en las puertas de los juzgados del Estadio para «apoyar» a los procesados. Pancartas que hablaban de represión y también megáfonos con alusiones a la «lucha» y la «guerra» del sector se podían volver a escuchar aunque ahora en otro contexto bien diferente.
El portavoz de la CTM, Jesús Galván, aseguraba que «no se puede atacar con el Código Penal a trabajadores por salir a defender nuestros derechos», poniendo el foco en el hecho de que estos manifestantes se vean »en la dramática situación de entrar en prisión» por salir a las calles «a defender nuestros derechos y el futuro de nuestra tierra». «No necesitamos represión, esta tierra necesita planes industriales, medios para la inspección de trabajo, que se cumplan los convenios y una vida digna», ha afirmado.
A esta convocatoria también ha acudido una representación de trabajadores de la planta de Acerinox en Los Barrios, en huelga desde hace 37 días. El portavoz del comité de huelga, José Antonio Gómez Valencia, ha considerado "injusto" que se trate a los trabajadores como si fueran "delincuentes" cuando, como ha expuesto, "lo que estamos defendiendo son nuestros puestos de trabajo y nuestros derechos".
«Venimos a darles nuestro apoyo porque nosotros estamos viviendo ahora mismo lo que ellos vivieron hace tres años», ha afirmado en palabras a Europa Press, señalando que de la huelga que están desarrollando desde primeros de febrero tienen a un compañero «detenido por un corte de carretera» en la A-7 y que ha sido condenado «a un año de cárcel», mientras que «otros cuatro compañeros están con una investigación abierta como imputados por los cortes de carretera también y al final nos vamos a ver en la misma situación que ellos».
David de la Cruz, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana en la ciudad de Cádiz, también lamentaba «el clima de opresión y represión» que se produce «siempre contra la clase trabajadora», recordando que en España se han desarrollado otras manifestaciones «de la extrema derecha contra ministras socialistas y sedes de un partido político y no ha pasado absolutamente nada».
Cabe destacar que de los siete procesados en esta causa, tres de los implicados han acudido al juicio trasladados en furgones desde prisión donde se encuentran cumpliendo pena en otros procedimientos.
