Murcia acepta que Andalucía controle el Guadalquivir si participa en la gestión

Murcia y el PP ya no ven con tan malos ojos que Andalucía gestione la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir -que discurre en más de un 90 por ciento por suelo andaluz-, siempre y cuando asuma estas competencias respetando la Constitución y propicie la participación en el nuevo órgano de las tres comunidades autónomas con presencia -menos del diez por ciento en total- en la citada cuenca.

Este es el punto central del comunicado conjunto que ayer firmaron en Almería el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y el líder del PP-A, Javier Arenas. Ambos ultimaron unos acuerdos al respecto que se concretarán en enmiendas a presentar el próximo mes de septiembre ante la Comisión Constitucional del Congreso que examinará la propuesta de Ley de la Reforma del Estatuto andaluz.

Valcárcel y Arenas consideran que el problema del agua no se soluciona ni en Murcia ni en Andalucía con este pacto sobre el Guadalquivir. Los dos dirigentes del PP consideran imprescindible para la España común el trasvase de agua de las cuencas excedentarias a otras comunidades que necesitan esos recursos.

En el comunicado conjunto que rubricaron ayer en Almería se explica que, en los que llevamos de año hidrológico, el río Ebro ha vertido al mar cinco veces la cantidad de agua que se calculaba en el trasvase previsto para las comunidades de Valencia, Murcia y una parte de Andalucía.

La actitud de Chaves

En el texto se resalta: «En Andalucía, el PSOE y Manuel Chaves han sido cómplices de esta insolidaridad en materia de agua y han actuado como aval de los acuerdos del Gobierno de Rodríguez Zapatero, con quienes prefieren tirar agua al mar antes que contribuir a la riqueza y prosperidad de otras partes de España». El PP andaluz asegura que ha defendido, durante los trabajos de la ponencia del nuevo Estatuto, que el articulado contemplase el derecho a la redistribución de los excedentes de agua de otras cuencas, según criterios de sostenibilidad.

Esta propuesta, insisten los populares, ya consta en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y gozó del apoyo del PSOE que, sin embargo, la habría rechazado en Andalucía.

Tanto Valcárcel como Arenas culpan de esta situación a Zapatero y su decisión de derogar el Plan Hidrológico Nacional que elaboró el anterior Ejecutivo de José María Aznar. Esta actuación, según los populares, supuso negar el agua a gran parte del levante español y de Andalucía y, además, derivó en pérdidas millonarias.