Bolivia exige al BBVA que le entregue gratis sus acciones en las petroleras nacionalizadas

Bolivia ha dado un nuevo giro de tuerca en su estrategia de nacionalizar las empresas energéticas del país. El Gobierno de Evo Morales ha exigido al BBVA y a la aseguradora suiza Zurich que en el plazo de tres días, que cuentan desde ayer, entreguen «a título gratuito» al Estado las acciones que gestionan, a través de fondos de pensiones, de las empresas petroleras nacionalizadas (Petrolera Andina, Petrolera Chaco y Transredes). De lo contrario, «habrá intervención» de esos recursos. Sus participaciones en esas compañías se sitúan en torno a 675 millones de dólares, unos 540 millones de euros. El Bilbao Vizcaya Argentaria evitó pronunciarse sobre esa polémica iniciativa, pero, según diversas fuentes consultadas, la entidad recurrirá la decisión, que medios financieros calificaron como una «barbaridad».

La medida, que de no ser reconducida incluso podría llegar a provocar la salida del banco vasco de Bolivia, fue anunciada por el vicepresidente de ese país. Álvaro García Linera firmó un decreto complementario al conocido hace dos semanas que devolvía el control de los hidrocarburos al Estado. Ese acto se produjo durante una visita de Evo Morales al Parlamento europeo en Estrasburgo.

Fondo de capitalización

El BBVA y Zurich gestionan desde hace unos nueve años las administradoras de fondos de pensiones (AFP) BBVA Previsión y Futuro. Según los datos del propio banco, BBVA Previsión es la institución líder en el sector, con 515.243 afiliados y un fondos gestionados de 1.125 millones de dólares (unos 900 millones de euros).

Las dos sociedades controladas por el Bilbao Vizcaya Argentaria y por la aseguradora administran a su vez al 50% un fondo de capitalización colectiva creado para garantizar el pago de las pensiones mínimas. El mismo está integrado por las participaciones surgidas del proceso de privatización parcial de las empresa estatales bolivianas en sectores estratégicos llevado en los años 90.

Ese fondo, que alcanza un valor total de cerca de 1.300 millones de euros, controla acciones de las tres petroleras por un valor total de 675 millones de euros. En concreto, posee el 48% del capital de Chaco y Andina, y el 34% de Transredes. Son precisamente ésas las participaciones que el Gobierno boliviano quiere recibir «gratuitamente» para asegurarse el control absoluto sobre el negocio petrolero del país.

García Linera declaró ayer que, tras «varios meses» de negociaciones con las administradoras de fondo de pensiones, «hemos encontrado resistencia verbal y exceso verbal de alguno de sus representantes». Según el vicepresidente del país, la imposibilidad de alcanzar un acuerdo habría llevado al Gobierno a amenazar con la intervención. Esta polémica decisión amenaza con enturbiar aún más las relaciones hispano-bolivianas, que ya afrontan uno de sus peores momentos por la nacionalización de la petrolera Andina, propiedad del grupo Repsol-YPF.

Según ha podido saber este periódico, la nueva exigencia de Bolivia fue comunicada oficialmente al BBVA la pasada semana. Pero el banco ya sabía desde muchos días antes que iba a ocurrir. Los medios consultados explicaron que el decreto de nacionalización de hidrocarburos aprobado hace dos semanas ya recogía la expropiación de las acciones de los fondos de pensiones en empresas petroleras.

Desde entonces, el grupo presidido por Francisco González trabaja en la elaboración de un recurso para tratar de evitar lo que, en algunos ámbitos, se califica como un «atropello y una barbaridad». La gravedad de la situación es tal que, de continuar por estos derrotero, el BBVA podría incluso llegar a plantearse su salida de Bolivia, donde únicamente está presente a través de la gestora Previsión.