El Gobierno advierte a Bolivia de los efectos que la nacionalización tendrá en las relaciones bilaterales

Lo que en principio parecía una decisión con graves repercusiones económicas, va camino de convertirse en un conflicto diplomático. El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó ayer al Encargado de Negocios de la embajada de Bolivia en España, Álvaro del Pozo, para manifestarle «su más profunda preocupación» por la nacionalización de la producción de hidrocarburos y advertirle de «sus consecuencias para las relaciones bilaterales» entre ambas naciones.

El decreto aprobado el lunes por el presidente andino, Evo Morales, obliga a las petroleras que quieran seguir operando en el país a renegociar sus contratos y entregar el 82% de los beneficios al Estado. Gracias a esta medida, el Ejecutivo andino espera incrementar en un 70% los ingresos fiscales y alcanzar los 618 millones de euros anuales, cinco veces más que antes de llegar Morales al poder.

El Ministerio que dirige Miguel Ángel Moratinos expresó su preocupación tanto por la medida anunciada como por «las formas que han rodeado su adopción». Fuentes gubernamentales reconocieron que en Moncloa --donde ayer hubo una reunión interministerial de urgencia sobre la cuestión- ha molestado que no fueran avisados antes de la noticia, dada las buenas relaciones entre ambos países, si bien recuerdan que la renacionalización era una promesa electoral de Morales.

Poco después, el agregado de negocios boliviano aseguró que La Paz evaluaba la reacción oficial española y consideró probable que en próximas horas se produjeran contactos «al más alto nivel» entre los presidentes de España y Bolivia.

Mientras tanto, se anuncian los primeros pasos tras el decreto Morales. El Gobierno se reunirá a finales de semana con las empresas españolas que tienen intereses energéticos en este país andino, según adelantó ayer la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega. Moncloa pretende que sigan allí, y para ello les prestará todo su apoyo diplomático.

Por su parte, Repsol, una de las principales perjudicadas por la nueva situación, está «consternada» por una medida que ve «injusta», según dijo ayer su presidente, Antonio Brufau. En declaraciones a una emisora de radio de Buenos Aires, lamentó que se haya «sacado este asunto de la lógica empresarial», si bien confió en alcanzar un acuerdo «racional» con la Administración boliviana antes de noviembre, cuando vence el plazo para ceder al Estado el 82% de los beneficios de su filial, como recoge el decreto.

Respeto y prudencia

El ministro de Industria, José Montilla, será el encargado de trasladar a las compañías la posición del Ejecutivo socialista, que pasa por defender sus garantías jurídicas en Bolivia y, al tiempo, «ser respetuosos» con las decisiones de ese país. «Conviene recordar que hay más inversiones españolas» allí y tenemos que ser «prudentes», dijo en una entrevista con la cadena TV-3.

Para el PP, el decreto de Morales es «un varapalo» al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, emplazó al Gobierno a «reflexionar» sobre la «seriedad» de su política internacional, al tiempo que vaticinó que será «muy difícil» que la gente invierta en un país «cuando se le cambian las reglas de juego de una manera tan brutal». IU, por contra, respaldó la medida y pidió que «no se confundan los intereses de nuestro país con los de empresas transnacionales».

Repsol, que ayer logró salvar la sesión bursátil con una caída mínima del 0,63%, hará una valoración más profunda cuando conozca al detalle el decreto. Apuesta por el diálogo, pero no oculta su «preocupación». Eso sí, Brufau dejó claro que Bolivia «no puede estar al margen» del sistema político internacional, y sugirió que Morales había roto un compromiso para negociar antes con ellos. Además, advirtió de que «arbitrará todas las acciones» a su alcance «para proteger los activos y preservar el empleo de las personas que trabajan» para ella en el país andino.

La postura de la petrolera española está en línea con la de sus principales competidoras con presencia en Bolivia. La más crítica es la brasileña Petrobas, que ya ha obtenido el apoyo firme de su Gobierno, que no ha dudado en calificar la situación creada de «tema de Estado». EE UU, Alemania, México, Paraguay y Francia, entre otros, aseguraron que seguirán de cerca los acontecimientos y que evaluarán sus repercusiones. También se pronunció la Comisión Europea, quien lamentó que Morales haya tomado la decisión sin un cambio de impresiones previo. «Esperábamos consultas previas», aseguró el portavoz comunitario, Johannes Laitenberger.

En cualquier caso, las consecuencias sobre el aprovisionamiento europeo se anticipan escasas, ya que las importaciones de petróleo boliviano por parte de la UE son insignificantes, y el comercio de gas no existe.

El mercado de crudo también se resintió de las expectativas negativas para las empresas del sector, de forma que elevó el precio del barril para entrega en junio de clase Brent, el referente en Europa, hasta los 74,97 dólares, lo que supuso un nuevo máximo histórico. Sin embargo, poco después bajó hasta los 74,6 dólares.