Cinco nuevos detenidos en la 'Operación Karlos'

La guardia civil ha detenido a cinco personas en relación con la denominada "operación Karlos" contra un presunto fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, informaron fuentes del Instituto Armado.

Con estas detenciones, el numero de personas que han sido arrestadas dentro de esta operación se eleva ya a quince, de las que sólo una permanece en prisión provisional, mientras los restantes están en libertad con cargos, entre ellas Maria José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique.

Las mismas fuentes de la guardia civil indicaron que estas detenciones se producen al ponerse en marcha la segunda fase de la operación en la que se pretende localizar a todos los presuntos beneficiarios con la concesión de la incapacidad laboral mediante procedimientos ilegales.

Los cinco últimos detenidos se encontraban hoy prestando declaración en el Juzgado de Instrucción número dos de Jerez, y según fuentes cercanas a la investigación, todos ellos pueden quedar en libertad provisional con cargos.

Debido al secreto de sumario que aún mantiene el juez, la Guardia Civil no ha ofrecido más datos de los detenidos, aunque fuentes próximas a la investigación señalaron a Efe que muchas de estas personas que habrían conseguido pensiones de invalidez, podrían haber sido suplantadas por otras realmente inválidas a la hora de facilitarles las pensiones.

Por el momento, el único detenido en prisión por el caso es F.C.P.L, funcionario del EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades), médico encargado de supervisar las bajas que facilitan los facultativos de atención primaria, así como otros especialistas que facilitaban y supervisaban las bajas médicas.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona podría pertenecer a una trama organizada dedicada a la concesión de incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales.

Tras las primeras investigaciones se pudo constatar que esta persona contaba con la connivencia de un médico, encargado de supervisar las bajas que facilitan los facultativos de atención primaria, así como otros especialistas que facilitaban y supervisaban las bajas médicas.

Para ello, los beneficiarios de estas pensiones, al objeto de alcanzar el grado de incapacidad deseada y la posterior pensión de invalidez, abonaban una importante cantidad de dinero, que alcanzaba los 24.000 euros, cantidad que era posteriormente repartida entre los implicados.