La UE aprueba un código que endurece el control de las fronteras

La UE articuló ayer jurídicamente los acuerdos de rango, hasta ahora políticos, sobre el control de fronteras externas del Espacio Schengen, al adoptar un proyecto de Reglamento de la Comisión ya asumido por el Parlamento Europeo en primera lectura, que consolida y clarifica las disposiciones concernientes a control de fronteras, y que define las condiciones en las que será posible reintroducir controles fronterizos internos, dentro de la propia Europa comunitaria.

El acuerdo fue adoptado por los ministros de Justicia e Interior de la UE, reunidos en Bruselas. Establece un código común (del que Reino Unido e Irlanda se mantendrán al margen, por no formar parte de Schengen, y que tampoco concierne a Dinamarca), que ha sido diseñado para normalizar las prácticas de los socios comunitarios, y de los países terceros que aplican la libertad de movimiento de personas, en la gestión de las fronteras externas. Este código pretende combatir la inmigración clandestina y el tráfico de seres humanos, y para hacer frente al terrorismo internacional y a las amenazas contra la seguridad del territorio europeo.

El código define las condiciones en las que serán efectuados los controles en frontera, y las exigencias que serán impuestas a las personas procedentes de terceros países que quieran acceder a la UE. Hay normas concretas sobre la manera de sellar visados y pasaportes, los medios de inspección utilizados por los guardias de fronteras, la organización de las filas de espera y una lista de detalles técnicos relacionados con estas prácticas.

El reglamento establece las condiciones para la restauración temporal de controles en las fronteras del Espacio Schengen. Cita la existencia de amenaza grave para el orden público o la seguridad interior como factor determinante. España está muy interesada en el acuerdo financiero, pues buena parte de sus fronteras son, asimismo, de la UE, y entiende que la Europa comunitaria debería financiar parte de los costos que le supone mantener la protección bajo estándares internacionales.