Los socios siguen discutiendo cómo se recalificara el solar de la futura tienda de IKEA

La inversión de la multinacional sueca IKEA en Jerez continúa a la espera de que los socios del Gobierno local alumbren una decisión sobre la vía en la que se recalificarán los terrenos donde se asentará el complejo.

Lejos de dilucidar la cuestión, la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, afirmó ayer concisamente que tan sólo existe «un acuerdo para que el procedimiento sea el más rápido y menos costoso posible». La primera edil repuso que «hay varias fórmulas encima de la mesa», pero casi dos meses después de la firma del convenio con la multinacional, no aclaró qué procedimiento seguirá.

La recalificación de los 340.000 metros cuadrados, un paso imprescindible para construir el complejo, supondrá registrar como privado un suelo catalogado hasta ahora como sistema general público. La primera edil defendió la modificación puntual del actual PGOU, una vía que sus socios rechazan al implicar un desembolso extra de seis millones de euros para compensar con otra parcela de igual extensión la pérdida de suelo público, tal y como dicta la ley.

Costes

Los andalucistas abogan por esperar al futuro PGOU, ya que según la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la superficie a compensar es muy inferior, y por lo tanto, también el coste.

A esta cantidad, hay que añadir los 66 millones de euros que según la portavoz del Grupo Popular, María José García Pelayo, el Consistorio dejará de percibir por los beneficios que ha concedido a la multinacional.

Esta cantidad procede de la asunción por parte del Consistorio de los gastos de urbanización, «70 euros por metro cuadrado, más los 20 euros por metro a los que se ha vendido el suelo, cuando en esa zona el metro cuesta 300 euros». «Se ha hecho un mal convenio con IKEA y no se ha sabido negociar», indicó García Pelayo, que recalcó que «va a suponer un coste muy importante para las arcas del Ayuntamiento».