El caso sigue su curso en los tribunales

El caso de la demolición parcial de la Casa de las Cadenas sigue su curso en los tribunales ante la querella que interpuso el grupo municipal Izquierda Unida. Hasta el momento han declarado los imputados a los que se les acusa de un presunto delito de prevaricación (en el caso de los cargos públicos como el alcalde y el concejal de Urbanismo) además de un presunto delito contra el Patrimonio.

En su declaración ante el juzgado número 3 de El Puerto, el alcalde Hernán Díaz recalcó ante la magistrada que su actuación fue justificada ya que tenía informes municipales que le alertaban del peligro de derrumbe del inmueble y del consecuente riesgo que, según el primer edil, tenía dicha parte del edificio para los viandantes. Díaz insistió en que volvería a actuar de la misma manera si la situación se repitiera.

La Consejería de Cultura le impuso una sanción económica de 150.000 euros que el Ayuntamiento pudo eludir por un defecto de forma en el contencioso administrativo interpuesto.