Ejecutivo y CiU pactan actualizar cada cinco años la financiación autonómica

El Gobierno central y CiU han pactado la revisión quinquenal del sistema de financiación autonómica que incorpore el nuevo 'Estatut' para su actualización en función de los servicios y competencias transferidas por el Estado en cada periodo, al tiempo que se garantizará la suficiencia de recursos de las finanzas de la Generalitat en el caso que las leyes orgánicas aprobadas por el Estado impliquen un aumento de las necesidades de gasto del Gobierno catalán, según confirmaron fuentes nacionalistas.

El acuerdo se cerró en la reunión celebrada el jueves en Barcelona entre la cúpula de CiU, Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida, y la delegación negociadora del Gobierno y el PSOE en materia de financiación, integrada por el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro de Industria, José Montilla, y el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Según las citadas fuentes, en la reunión el PSOE habría aceptado la evaluación cada cinco años del sistema de financiación, tal y como recoge el proyecto de 'Estatut' en su artículo 214.d, pese a que las enmiendas socialistas no hacían referencia alguna a una actualización periódica del sistema. De esta forma, CiU se deshace de la disposición pactada con el PP en la última negociación de financiación por la que renunciaban a la revisión quinquenal.

Suficiencia

Paralelamente, el Gobierno y CiU pactaron el contenido del actual artículo 213 del proyecto de 'Estatut' por el que el Estado, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, ha de garantizar la suficiencia de recursos de las finanzas de la Generalitat en los supuestos en los que las disposiciones generales aprobadas por el Estado impliquen un incremento de las necesidades de gasto.

Los acuerdos se suman a los alcanzados en capacidad normativa para la Generalitat y que posibilitaría a la Administración catalana dictar normas en los impuestos cedidos, en porcentajes aún por determinar, y a los avances a la hora de establecer los criterios de solidaridad. Según fuentes conocedoras de la negociación, el Gobierno y CiU habrían consensuado que la aportación de las comunidades autónomas al fondo de compensación interterritorial se dedicará a sufragar servicios básicos de las comunidades beneficiaras y se tendrá en cuenta la capacidad fiscal de cada comunidad en los criterios de distribución.