ANDALUCÍA

Chaves insiste en que la financiación debe tener la igualdad como punto de partida

Advierte de que se opondrá a un sistema negociado bilateralmente entre Cataluña y Gobierno, aunque apoya la cesión de hasta el 50% del IRPF propuesta por Solbes Supedita el incremento a una corresponsabilidad igual en los impuestos especiales

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Manuel Chaves volvió a mostrar ayer su rechazo a la propuesta de financiación planteada por el proyecto de estatuto de Cataluña y advirtió de que se opondrá a cualquier intento de negociar un sistema propio por parte de ésta o cualquier otra comunidad autónoma. El presidente de la Junta de Andalucía aseguró que el modelo vigente «no está agotado ni superado» pero, en cualquier caso, defendió que cualquier actualización que ahora se pretenda abordar debe acordarse entre todos. «Ningún estatuto de ninguna comunidad autónoma -subrayó- puede condicionar esa voluntad colectiva».

En este sentido, Chaves volvió a insistir en que la igualdad entre las comunidades autónomas debe ser el punto de partida para cualquier negociación sobre la financiación autonómica, que, a su juicio, significa que «todos los españoles tenemos derecho a similares servicios educativos, sanitarios o sociales vivamos donde vivamos». Es, añadió, al Estado a quien corresponde «garantizar el equilibrio económico que conlleva asegurar la igualdad básica en el acceso a los servicios públicos fundamentales» y velar «por el equilibrio entre los distintos territorios». Chaves hizo estas puntualizaciones en los 'Desayunos Informativos' de Europa Press patrocinados por Banif, Grupo SM, Sun microsystems y Telefónica. Lo dijo, además, ante la presencia de varios ministros del Gobierno de Zapatero, entre ellos el de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el de Industria, José Montilla.

Así, explicó que la igualdad se debe entender también a partir del concepto de esfuerzo fiscal «que se mide por la relación entre presión fiscal y PIB per cápita». Chaves matizó que el esfuerzo fiscal lo hacen los ciudadanos y que, a igual presión fiscal normativa e iguales ingresos, «el esfuerzo fiscal es el mismo, vivan donde vivan». Dicho esto, basó la financiación en la autonomía fiscal y financiera y en este punto dijo que está de acuerdo en ampliar hasta el 50 por ciento el tramo autonómico del IRPF- propuesto por Solbes al cuatripartito catalán-, pero introdujo un nuevo condicionante: que se acompañe de una mayor corresponsabilidad fiscal en otras figuras tributarias como los impuestos especiales en una proporción similar a la del IRPF, es decir el 50%.

Líneas rojas

Chaves cree que el actual modelo no está «ni agotado ni superado» y que la descentralización «ha fortalecido y cohesionado el Estado», pero sí alertó de que no se pueden traspasar determinadas «líneas rojas» que concretó en: Preservar la unidad de mercado en todo el territorio nacional, incluido, el mercado laboral; mantener la Caja Unica de la Seguridad Social, y compatibilizar la existencia de espacios fiscales autonómicos con «el respeto al espacio propio del Estado».

Entre otros aspectos, Chaves volvió a reiterar -en presencia de la ministra de Medio Ambiente- que Andalucía no renunciará al traspaso de la Confederación del Guadalquivir. Aunque no citó expresamente a Narbona, el presidente andaluz reconoció que existen «resistencias» en el Gobierno de la Nación para hacer efectivo el traspaso de la CHG, pero defendió que esta cuenca «tiene que ser competencia de la Junta de Andalucía», por lo que se mostró convencido de que deberá abrirse una «negociación» cuando la propuesta de nuevo Estatuto andaluz llegue a las Cortes Generales.

En su opinión, esta reivindicación andaluza se fundamenta en dos razones principales: El hecho de que «apenas el ocho o nueve por ciento» de la cuenca del Guadalquivir se localiza fuera de Andalucía, en concreto en las comunidades limítrofes de Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia; y la evidencia de que «el Guadalquivir es un símbolo en Andalucía de gran importancia política para la ciudadanía», al punto que se mostró convencido de que «nadie entendería que esta competencia no estuviera en manos del Gobierno andaluz» tras la reforma del Estatuto.