Zarrías advierte al PP de que el Estatuto puede salir adelante sin su participación

Usando un símil futbolístico, el consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías, apremió ayer al PP a que se implique de lleno en la reforma del Estatuto de Andalucía y advirtió que saldrá adelante «con o sin el PP». Por su parte, el líder regional del PP, Javier Arenas, indicó que su partido trabaja en una propuesta sobre garantías democráticas para el nuevo texto autonómico.

Zarrías afirmó ayer que el PP ha colaborado «bastante poco» en lo que denominó la «primera parte del partido» hasta ahora jugado, en referencia a la reforma, que saldrá adelante, según dijo, «con o sin la participación del PP».

En declaraciones a los periodistas, antes de inaugurar en Granada una jornada sobre La iniciativa nacional para el desarrollo humano en Marruecos y la problemática de la inmigración, Zarrías indicó, sin embargo, que «al Gobierno andaluz le gustaría que el PP participara en el partido», puesto que el resultado final afectará a todos los andaluces.

Para el consejero de la Presidencia, la reforma del Estatuto es «lo más importante de los últimos años» en la comunidad autónoma, no sólo de la legislatura, por lo que justificó el «esfuerzo» realizado tanto por su partido (PSOE), como por el PA e IU para que «las cosas salgan bien».

En este sentido, según dijo, se ha alcanzado un consenso importante en «temas claves» como es la financiación o los principios en los que ésta debe basarse y en el tema de las competencias, que «nos permiten -continuó- encarar la segunda parte del partido con bastantes garantías de obtener un buen resultado».

Respecto a la posición adoptada por el partido de la oposición, que calificó de «error» el que el PSOE «imponga» los plazos de la reforma «sin consenso», Zarrías explicó -siguiendo con el símil futbolístico- que «el PP ha estado prácticamente todo el tiempo sentado en el banquillo», de modo que cuando ha salido a jugar ha sido «para entorpecer el juego» y al ver que no era posible «volvió a sentarse» en la banqueta.

Con ello, recordó que hay unos plazos que no se deben incumplir, por lo que el Estatuto debe llegar al Parlamento a primeros de febrero para poder celebrar un referéndum en los primeros meses de 2007.

Propuestas populares

Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció ayer que su partido ha decidido «trabajar intensamente» en que el Estatuto incluya un capítulo de garantías democráticas y de claridad en la vida pública en la comunidad autónoma.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, Arenas precisó que ya «ha dado las instrucciones necesarias» para que se redacte una propuesta que se enviará a los diferentes grupos parlamentarios andaluces.

Según manifestó, el PP considera que en estos momentos «en los que diariamente se están vulnerando las reglas de juego en la comunidad autónoma andaluza», hace falta en el Estatuto de Autonomía un capítulo «de garantías democráticas y de transparencia de la vida pública».

Además, el presidente de los populares andaluces adelantó en la capital onubense que su formación política también centrará su trabajo con respecto al Estatuto en que «los poderes públicos en Andalucía garanticen los derechos de todos andaluces en toda España».

En este sentido, denunció que en el caso de que prosperen las negociaciones en Cataluña, «prácticamente ningún andaluz con su lengua, que es el castellano, va a poder ejercer en la función pública en Cataluña», lo que, a su juicio, supondrá «una limitación de los derechos de los andaluces».

Arenas defendió que los andaluces con nuestra lengua «tenemos que tener los mismos derechos en toda España», y en esta labor los poderes públicos en Andalucía tienen que adoptar una posición «beligerante» porque «los andaluces tenemos que seguir siendo españoles de primera en esa España constitucional que compartimos».

También con respecto a la reforma del Estatuto autonómico el presidente del PP-A mostró su deseo de que «no se den imposiciones por parte del PSOE» en esta materia, y recordó que la fecha del referéndum tiene que ser consensuada por todos los partidos.