El Supremo desenmascara a Batet

La presidenta del Congreso de los Diputados ha generado un innecesario conflicto con la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No estamos ante una polémica entre poderes del Estado, sino frente a una errónea iniciativa personal de Meritxell Batet, decidida a evitar las responsabilidades de su cargo y el funcionamiento de las instituciones del Estado. La Sala Segunda del Tribunal Supremo no ha debatido con Batet sobre cómo puede o debe suspender a los diputados catalanes que se encuentran en prisión preventiva y acusados -lo que presupone su procesamiento- por el delito de rebelión, entre otros. Es Batet quien ha creado dudas artificiales sobre cómo aplicar lo que está muy claro en los artículos 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 21 del Reglamento del Congreso de los Diputados: un parlamentario procesado por delito de rebelión y en prisión provisional queda suspendido en sus funciones. Sin más. Pedir un informe a la Sala del 1-O sobre cómo debía proceder la Mesa del Congreso, como si sus magistrados fueran asesores de la Cámara, fue una actuación impertinente que descalifica a Batet y desaira a los letrados de las Cortes.

Que los acusados por el 1-O ahora elegidos parlamentarios no tuvieran en su momento el privilegio del suplicatorio -porque no eran diputados, ni senadores-, no significa que puedan acogerse ahora a él, porque, como también ha declarado la Sala Segunda del Supremo, el suplicatorio es condición previa para ser procesado en la fase de instrucción. Junqueras y compañía hace tiempo dejaron atrás esa situación procesal. Ahora son acusados, están en el banquillo y el Alto Tribunal no necesita pedir el suplicatorio. La tajante respuesta firmada ayer por Manuel Marchena puso en evidencia las tretas de Batet para judicializar y quitarse de encima una decisión que solo correspondía al Congreso.

Meritxell Batet juega con fuego. Primero consintió dar posesión como diputados a unos presos preventivos que vulneraron la norma de juramento o promesa, incluso en la formulación flexible que permitió el Constitucional en 1990. Ahora se ha enzarzado en un pulso absurdo con la Sala Segunda del Tribunal Supremo para retrasar -o evitar- la aplicación de una norma que es meridianamente clara y automática. Batet no puede, sino que debe promover el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados para suspender a Junqueras, Sànchez, Rull y Turull de forma inmediata y sin necesidad de pedir informes jurídicos, como volvió a hacer ayer. Lo mismo debe hacer el Senado con Raül Romeva, de forma inaplazable. La presidenta del Congreso debe recordar que ni el delito de prevaricación ni el de desobediencia son opciones que la tercera autoridad del Estado se pueda permitir.