Estibadores y Gobierno: dos años de negociaciones

El Consejo de Ministros dio ayer viernes luz verde al real decreto ley de reforma de la estiba, con el que el Ejecutivo quiere dar cumplimiento a una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014 que fijó una multa que, de momento, se sitúa en 21,5 millones de euros y que, si la legislación española sigue chocando con el dictamen comunitario, amenaza con convertirse en una sanción diaria «sine die» de 134.107,2 euros. El conflicto se ha reavivado con la aprobación de esta reforma, pero acumula ya dos años de desarrollo.

Diciembre de 2014

El Tribunal de Justicia de la UE dicta una sentencia que obliga a España a modificar la Ley de Puertos para acabar con el blindaje de los estibadores y garantizar así el libre establecimiento

Febrero de 2015

La cúpula del Ministerio de Fomento, entonces bajo la batuta de Ana Pastor, comunica a sindicatos y empresarios la situación y les pide que negocien un acuerdo acorde con la sentencia

Marzo de 2015

El Gobierno comunica a la Comisión Europea que esperará a las negociaciones de empresarios y trabajadores del sector antes de hacer la reforma que le exige el Tribunal Europeo

Abril- mayo de 2015

Los empresarios presentan en abril su propuesta a Fomento, muy sesgada en favor de la empresa, y los sindicatos llevan un mes después la suya, en la que mantienen el registro de estibadores

Julio de 2015

Sindicatos y empresarios presentan al Gobierno un documento firmado por ambos, el mismo que antes habían llevado solo los sindicatos. El Gobierno lo presenta en Bruselas, y la Comisión lo rechaza.

Junio de 2016

A pesar de que el Gobierno comunica a Europa que está en funciones y que no puede aprobar un decreto, Bruselas envía una segunda carta de emplazamiento a España para que reforme la Ley de Puertos.

Febrero de 2017

Después de meses de negociación la patronal no ratifica el último acuerdo con los sindicatos. Semanas después el Gobierno aprueba un real decreto ley para cumplir con la sentencia de la UE.

Marzo de 2017

El Ejecutivo cuenta con un mes para recabar el apoyo de las formaciones parlamentarias para la convalidación de la ley. Los sindicatos amenazan con una oleada de huelgas a partir del 6 de marzo.