La reforma de la estiba por la que Vigo ya peleó

La decisión de la empresa Maersk de trasladar parte del tráfico de contenedores de Vigo a Marín donde los costes de la estiba son más baratos, supuso que el Puerto de Vigo diera un puñetazo en la mesa y llamara al orden al sector. Primero en forma de expediente y, posteriormente, de apercibimiento a la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) por la vulneración de ciertos preceptos de las normas de la libre competencia. Se instaba así al colectivo a «cesar de inmediato» el Convenio-SEED, no ajustado a la regulación española por cuanto extralimita su ámbito de actuación al extender sus servicios portuarios, además de los meramente de estiba y desestiba, a otros complementarios. El llamado pacto local del sector que, a punto de firmarse según confirman fuentes consultadas a ABC, salta ahora por los aires tras el anuncio de Fomento

de que liberalizará esta actividad en cumplimiento de una sentencia europea.

Pese a los pasos dados, y no menores, el puerto olívico se veía limitado al cumplimiento de una legislación española que, aunque cuestionada por Bruselas, es de obligado cumplimiento. En el sistema actual, las empresas estibadoras no pueden contratar a quiénes quieran, sino que están obligadas a emplear a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), en cuyo capital deben participar. Un modelo normativo sentenciado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en diciembre de 2014, cuando lo consideró contrario a los tratados comunitarios. El negocio canaliza el 85 por ciento de las exportaciones del país y sus costes suponen el 53 por ciento de la manipulación de mercancías.

Fomento está ahora dispuesto a romper con el monopolio de un sector controlado por sus 6.156 trabajadores que cobran de media unos 67.797 euros brutos al año, muy por encima de los profesionales del sector y de la media de sus iguales en la UE. Una actuación que no solo aplaude el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, sino con la que dice estar «encantado». «Vigo se posicionó muy fuerte, fuimos muy beligerantes con este asunto», apunta en una conversación con este diario en la que pide la «aplicación inmediata de la reforma» que prepara el Ministerio y defiende la actuación de la cartera de Íñigo de la Senra como «la única posible».

Pérdida de competitividad

«Es indiscutible que existe una sentencia, y alguna otra que refuerza, en la que se dictamina que el actual sistema que regula el sector es ilegal, no se ajusta al ordenamiento jurídico comunitario», apunta López Veiga. «Tiene que poderse que las empresas, incluso las extranjeras, puedan hacer las labores de estiba y desestiba con su propio personal, y esto no tiene vuelta de hoja», insiste. En su opinión, el régimen actual tiene «efectos muy negativos en la parte económica, pues las rigideces en la organización del trabajo son de tal calibre que los costes de estiba y desestiba son desproporcionados». Pero además incide directamente en «la pérdida de competitividad de los puertos y, en consecuencia, de nuestras industrias», señala, para indicar que «el gobierno no tiene opción y, en todo caso, Vigo reclama la aplicación inmediata de la reforma para poder operar en las mismas condiciones que los puertos de nuestro entorno».

La propuesta de Fomento, que ha levantado en armas al colectivo de estibadores, elimina la obligatoriedad de participar en el capital de compañías y establece la libre contratación de los trabajadores que cumplan con los requisitos de capacitación establecidos (titulación académica o certificados de profesionalidad con al menos 100 jornadas de experiencia).

Un «ERE encubierto», en opinión de los sindicatos que reclaman la articulación de un registro de estibadores como condición sine qua non para lograr un acuerdo de reforma y desconvocar los paros previstos para los próximos 20, 22 y 24 de febrero. Solo en Galicia están llamados a secundarlos 400 trabajadores —en su mayoría de Vigo—, una situación que preocupa a los operadores marítimos, según pudo constatar ABC, pues supondrán, apuntan, pérdidas millonarias. Las primeras estimaciones hablan de 50 millones diarios en toda España, de ahí que las compañías con intereses reclamen diálogo a los actores de este conflicto. Pero la propuesta sindical es rechazada de pleno por la UE.

«Reconversión traumática»

«Decepcionado y molesto», dice sentirse el secretario federal del sector Marítimo-Portuario de SMC-UGT, que insiste en que «las negociaciones con Fomento se han convertido en un acto de fe». José Manuel Pérez se muestra muy crítico con la celeridad que ahora exige el Ministerio tras años en los que la cartera «no mostró la más mínima inquietud». Habla así de varias reuniones con la anterior titular, Ana Pastor, y el cumplimiento por parte de los sindicatos de negociar con la patronal Anesco, que manifestó su apoyo a la propuesta de Fomento y pidió responsabilidad a sus trabajadores, una reforma «menos traumática que la reconversión que se avecina» y que equipara a la de la minería o la siderurgia. «Esto va a marcar una época», incide.

«Cuando empezamos las negociaciones, para cumplir con la sentencia de la UE, nos pidieron prudencia y baja conflictividad y cumplimos, y cuando ya tenemos preparado un principio de acuerdo, marcan sus propias normas», apunta a este periódico, muy crítico con las formas con las que Fomento esta tratando este asunto. Coincide en que es necesario adaptar el actual sistema al dictamen de Bruselas, pero entiende que la propuesta que ahora está sobre la mesa traerá indiscutiblemente «una reducción de trabajadores y de salarios». Un criterio con el que no está de acuerdo López Veiga, que defiende que el cien por cien de los trabajadores actuales mantendrán su empleo. Eso sí, «en condiciones de competitividad». El titular del puerto vigués se muestra partidario, y en el caso concreto de la ciudad, de un convenio que trascienda lo local, «un acuerdo nacional o, al menos, regional o provincial». «Pero este es otro paso más», dice.