El exregidor de Villamartín, José Luis Calvillo, en una imagen de archivo.
El exregidor de Villamartín, José Luis Calvillo, en una imagen de archivo.
TRIBUNALES

Otro político de la Sierra gaditana, imputado por prevaricación

La Fiscalía Anticorrupción acusa al exalcalde socialista de Villamartin, Francisco Calvillo, de contratar a dedo a una empleada municipal

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En solo una semana se han conocido tres casos de responsables políticos de la Sierra gaditana que están presuntamente involucrados en irregularidades cometidas durante sus mandatos. Al caso del exedil de Medio Ambiente de Arcos (AiPro), que supuestamente se quedó con toneladas de leña procedente de un cámping del municipio, y al de la alcaldesa de Alcalá del Valle (IU), que rubricó contratos también presuntamente fuera de la ley, ahora, la Fiscalía Anticorrupción acusa al exalcalde socialista de Villamartín José Luis Calvillo, de haber contratado también de manera ilegal sin seguir los procedimientos exigidos en la Administración pública a una empleada municipal. El fiscal solicita para él la condena de doce años de inhabilitación para acceder a cualquier cargo público por un delito continuado de prevaricación. El juicio está previsto que se celebre durante toda la semana próxima en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Jerez.

Según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, a las que ha tenido acceso este periódico, el 8 de enero de 2007 cuando Calvillo era alcalde de la localidad formalizó un contrato temporal por obra y servicio a V.S.B., vecina de la localidad, teniendo por objeto dicho contrato el «estudio de relaciones laborales», sin que, según la acusación, se hubiese seguido «procedimiento de selección alguno quebrantándose los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad». Así, «con la intención de darle de manera arbitraria un empleo público» a esta persona, solicitó mediante escrito de 22 de diciembre de 2006 con sello de entrada de 3 de enero de 2007 en la agencia de colocación adscrita a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, que se le remitiesen tres candidatos para cubrir dicha plaza.

Por parte de la agencia de colocación, se hizo un sondeo informático ese mismo día y se remitió al Ayuntamiento una relación de tres personas que reunían los requisitos para ser preseleccionadas siendo ordenadas simplemente por antigüedad de inscripción, «sin que por parte de la agencia se realizase prueba alguna de baremación de méritos, ni entrevista, no otorgándoles por tanto puntuación alguna a los preseleccionados», indica el fiscal. La agencia de colocación de la Mancomunidad únicamente preseleccionaba a una serie de candidatos dando traslado posteriormente de los currículums o ponía en contacto al Ayuntamiento con los preseleccionados para que los baremasen y se entrevistasen con ellos y eligieran al más idóneo.

Sin entrevista a los candidatos

El 8 de enero de 2007 se formalizaría finalmente por José Luis Calvillo el contrato de trabajo mencionado, sin que, indica Anticorrupción, se hubiese citado a entrevista a ninguno de los tres candidatos que le fueron remitidos por la agencia de colocación de la Mancomunidad de Municipio y sin que se hubiese realizado la baremación de méritos y capacidad de ninguno de los tres candidatos.

La Fiscalía añade que nunca antes se había acudido a la agencia de colocación de la Mancomunidad siendo lo habitual que se acudiera en un principio a la bolsa de trabajo del propio Ayuntamiento o, en su defecto, al Servicio Andaluz de Empleo.

Aunque el contrato fue formalizado para un servicio en concreto como era la participación en la redacción de estudio de relaciones laborales, como se puede comprobar con la lectura de dicho contrato, «dicha causa era un simple pretexto para que la elegida caprichosamente continuase de manera arbitraria durante varios años en el Ayuntamiento», ya que una vez finalizada su escasa y corta colaboración en la redacción de dicho estudio, y por tanto una vez cumplido el objeto de su contratación, en vez de extinguirse la relación laboral, la supuesta beneficiada continuó prestando servicios en la Corporación Local siendo destinada a un nuevo departamento pasando a desempeñar otras funciones de auxiliar administrativo hasta el 6 de mayo de 2012, prestaciones laborales que hubieran necesitado otro procedimiento de selección que hubiese permitido al resto de ciudadanos a optar a dicho puesto público.

«Por tanto tan ilegal fue su contratación inicial sin procedimiento alguno que garantizase los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad como la no extinción de la relación laboral una vez finalizada la causa que la motivó», destaca la Fiscalía.

Además se da la particularidad que durante el periodo de tiempo que, supuestamente esta persona estuvo realizando el estudio de relaciones laborales, que era el único objeto por el que se le contrató, no tenía mesa asignada, ni ordenador, ni lugar fijo de trabajo en el Ayuntamiento, realizando su labor inicialmente en la antealcaldía, y en el Salón de Plenos, pasando después al local de UGT fuera del edificio del Ayuntamiento ya que fue elegida delegada de la sección sindical de los trabajadores del Ayuntamiento perteneciente a este sindicato, no pasando a las dependencias municipales hasta que finalizó dicho trabajo de estudio de relaciones laborales.

Ante estos hechos, el Ministerio Público concluye que dichas contrataciones «supusieron un incumplimiento fragante de la normativa administrativa, laboral y constitucional en materia de contratación en el ámbito de la Administración Local».