«El funcionario que no cumpla será cambiado de puesto»

La firma hoy en La Moncloa del borrador del Estatuto Básico del Empleado Público es el primer acto del Ministerio de Administraciones Públicas que se celebra con rango de acontecimiento. Algo más de un año ha pasado desde que su titular, Jordi Sevilla, adelantara las bases de esta norma que afectará a 2,5 millones de trabajadores.

-Por fin en la octava legislatura ¿el Estatuto Básico del Empleado Público verá la luz?

-Sí. Por fin cumpliremos el encargo de la Constitución que regula las características de los empleados públicos en las distintas administraciones. Este martes -por hoy- firmamos el acuerdo conseguido con los sindicatos. Después el texto irá a Consejo de Ministros y pasará al Parlamento. Prevemos que entre en vigor a principios de 2007.

-¿Habrá entendimiento político?

-Ya hay acuerdo con ERC; con CiU y PNV las conversaciones también van por buen camino, y con IU tampoco creo que surjan problemas. Al final, como siempre, nos quedará el PP. Espero que, en esta ocasión, reine el sentido común.

-¿Qué papel deja el Estatuto a las comunidades autónomas?

-Será una ley de obligado cumplimiento para todas las administraciones, pero respetuosa con la Constitución y con los estatutos de autonomía. Establece las condiciones homogéneas, básicas, que igualarán en todo el territorio nacional a los empleados públicos y a partir de aquí cada administración matizará, ampliará o definirá.

-¿El funcionario que no cumpla será despedido?

-No. Será cambiado de puesto de trabajo a través de un procedimiento de evaluación, en el que se mirará cuál es el desempeño de la función que tiene encargada.

-¿Y el que desarrolle perfectamente su actividad ascenderá y cobrará más?

-Las dos cosas. Hemos establecido un sistema en el que la evaluación del desempeño puede dar como resultado una subida retributiva y, sobre todo, una promoción sin moverse necesariamente del puesto de trabajo.

-¿El Estatuto reducirá la temporalidad laboral en el sector público?

-Todavía tenemos una elevadísima temporalidad e interinaje en las administraciones públicas y corregirlo de manera contundente y paulatina es uno de los fines.

-¿Se atreve a hablar de porcentajes?

-No, porque en gran parte dependerá de las decisiones que adopten las administraciones, fundamentalmente las comunidades y corporaciones locales, que es donde se concentra el mayor número de temporalidad. El Estatuto establece la obligatoriedad de que se vayan convocando concursos para que los puestos interinos pasen a ser fijos.

-Además, ¿en qué mejorará el Estatuto a los empleados públicos?

-En primer lugar, establece la posibilidad de una carrera profesional clara; reconoce el derecho a la negociación colectiva; fija el modelo homogéneo de función pública en toda España; recoge una estructura salarial que vincula mucho más lo que se cobra al rendimiento que simplemente a la antigüedad o al cuerpo de pertenencia, etc.

-Y ¿a los ciudadanos qué aportará?

-Lógicamente, al tener un empleado público más motivado y reconocido se mejorará la tarea de las administraciones públicas como fábrica de derechos y garantía de libertades.

-¿Es el mejor Estatuto de los posibles?

-Sin lugar a dudas. Yo me atrevería a decir el único de los posibles.