El fiscal pide diez años para el teniente del 'caso Roquetas' y ocho para los guardias

El fiscal solicita una pena de diez años de prisión para el teniente José Manuel Rivas por los delitos de homicidio imprudente, lesiones y atentado grave contra la integridad del agricultor Juan Martínez Galdeano, que falleció en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) el 24 de julio de 2005.

El teniente Rivas era entonces jefe del puesto del instituto armado en esta localidad almeriense, hecho que ha tenido en cuenta el fiscal a la hora de formular su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicita tres años de prisión por homicidio imprudente, dos años y seis meses por atentado grave contra la integridad moral, y cuatro años y seis meses por un delito de lesiones.

El ministerio público pide también para cada uno de los siete agentes presuntamente implicados en el fatídico suceso dos años y seis meses de prisión por un delito de homicidio imprudente, tres años y seis meses por el delito de lesiones, y dos años por atentado grave contra la integridad moral del detenido.

El fiscal ha tenido en cuenta, a la hora de formular su escrito de conclusiones, la concurrencia de la circunstancia agravante de abuso de superioridad en los delitos de lesiones y homicidio imprudente.

Agente exculpado

Exculpa, en cambio, a uno de los agentes imputados en el auto de la juez Estefanía López porque «abandonó inmediatamente el cuartel, desplazándose a un centro sanitario con la intención de recabar asistencia médica, regresando en un momento ulterior, cuando ya el detenido se encontraba desvanecido».

Por el contrario, el fiscal incluye en su informe al guardia alumno -exculpado de todos los delitos por la acusación particular- al considerar que participó en los hechos.

Además, considera que los acusados, conjunta y solidariamente, y la Administración del Estado, como responsable civil subsidiaria, deben indemnizar a la viuda, Nabila Oubbad, en la cantidad de 80.000 euros y al hijo del fallecido, Juan José Martínez, en 15.000 euros. La acusación particular pide una indemnización de un millón de euros para la familia del agricultor fallecido. En febrero dio a conocer su petición de condena de 10 años de prisión para todos los agentes.

Por su parte, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas, Estefanía López, dictó el auto de apertura de juicio oral y declaró a competente para el caso a la Audiencia Provincial de Almería.

Este auto, contra el que no cabe recurso, da cuenta de las peticiones realizadas por la Fiscalía y la acusación particular y emplaza a la defensa a presentar su escrito en el plazo de diez días frente a las acusaciones formuladas.

La juez ratificó la situación de libertad provisional de los agentes imputados y rechazó la petición de la acusación particular de celebrar el juicio con jurado.