El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, durante la rueda de prensa ofrecida esta tarde en Madrid tras el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) - EFE

EnergíaLa central nuclear de Garoña podría abrir en un año

Una vez que el Gobierno, decida si autoriza o no su reapertura, tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, las modificaciones exigidas a los titulares de la instalación no llevarían más de doce meses

MADRIDActualizado:

Apenas un año de obras es lo que necesitaría la central nuclear de Santa María de Garoña, actualmente parada, para cumplir con las modificaciones que le exige el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) si quiere reiniciar la operación. Todo esto, suponiendo que el Gobierno autorice finalmente a Nuclenor (Iberdrola y Endesa) la explotación de la central burgalesa. El Ejecutivo tiene seis meses para tomar esa decisión.

De momento, el pleno del CSN, el organismo regulador de la energía nuclear en España, emitió un dictamen técnico favorable a su explotación hasta 2031 -lo que elevaría su ciclo de vida hasta los 60 años-, siempre y cuando terminen de realizar una serie de modificaciones que ya se le indicaron por carta en 2015. Solo cuando el CSN «verifique» que esos cambios se han llevado a cabo, «la central podrá llevar a cabo la carga de combustible», aseguraron los miembros del Consejo.

El CSN no autoriza ni desautoriza, solo establece las condiciones de seguridad

En cualquier caso, el presidente del CSN, Fernando Martí, nada más empezar la rueda de prensa convocada ayer quiso dejar una cosa muy clara: «El Consejo no autoriza ni desautoriza la apertura de una central nuclear, solo establece las condiciones para que sea segura si quiere volver a operar; la autorizacion como tal corresponde al Ministerio (Energía), así como la decisión del tiempo de dicha operación».

Cuatro de cinco, a favor

Hecha la indicación, Martí pasó a explicar que el dictamen técnico favorable fue votado en el pleno por los cinco miembros «con el resultado de cuatro votos a favor y uno en contra». Además, Martí aclaró que en 48 horas se entregará el informe al Gobierno, con un anexo con los votos particulares (la consejera Cristina Narbona, exministra socialista de Medioambiente fue quien votó en contra).

Una vez que el Gobierno tenga el dictamen, será cuando decida si autoriza o no, y por cuánto tiempo, la explotación de Garoña. Para ello, cuenta con un plazo de seis meses, en los que -ha asegurado- hablará con todos los afectados.

Preguntada por su voto discrepante, la exministra socialista fue contundente: «Porque es la primera vez desde 1999 que se concede un informe favorable de renovación sin establecer un límite temporal de explotación, lo que contradice la guía de seguridad 1.10. Y porque -continuó Narbona- en un requerimiento por carta a Nuclenor ya se le indicó que debía realizar previamente unas modificaciones de diseño que no están terminadas y, sin embargo, se ha emitido un informe favorable».

La exministra socialista Cristina Narbona fue la única que votó en contra

Fue la vicepresidenta del CSN, María Rosario Velasco, quien replicó la afirmación de Narbona, explicando que, efectivamente, «a partir de 1999 ya no se vincula el tiempo de explotación». Pero porque «lo que realmente se asume a nivel internacional como una buena práctica de seguridad son las revisiones periodicas cada 10 años». De hecho, puntualizó que la guía de seguridad 1.10, en proceso de actualización, «se va a cambiar».

Sobre este polémico punto, el de la emisión de un informe favorable sin haber acabado las modificaciones indicadas por el CSN, el consejero Fernando Castelló y el director técnico del regulador, Antonio Munuera, se mostraron también muy firmes. «La carta no implicaba obligatoriedad», aclaró Castelló. Y Munuera puntualizó que una vez que los técnicos señalaron que los proyectos estaban diseñados pero que Nuclenor se estaba retrasando en su ejecución, «se advirtió a los titulares de que ese retraso podía condicionar la emisión del informe. Pero sin efecto mandatorio».

Verificación obligatoria

El quinto miembro del pleno, el consejero Javier Dies Llovera, reforzó las tesis de sus colegas dejando claro que «todas las condiciones que se le han exigido al titular de Garoña son para antes de arrancar. Si no se verifican por el CSN, no hay arranque».

En este punto, el presidente del CSN volvió a intervenir para puntualizar que de las cuatro grandes modificaciones que debe acometer Garoña, el sistema de tratamiento de gases, la separación eléctrica de las dos divisiones de cables para evitar un fallo total, el aislamiento de contención primaria y la protección de equipos frente a una potencial caída del techo por un gran incendio, «dos están casi acabadas, una está a la mitad y la última en un nivel de desarrollo avanzado». Y afirmó que «cualquier central, si el presidente del CSN, que soy yo, dice que se para, se para», intentando transmitir la convicción de que en cuestión de energía nuclear, la seguridad es lo único que importa.