Última marcha de grupos ecologistas frente a la central de Garoña
Última marcha de grupos ecologistas frente a la central de Garoña - ICAL
Economía

El Gobierno consultará a regiones, ecologistas y Nuclenor sobre la continuidad de Garoña

El Consejo de Seguridad Nuclear podría dar a conocer hoy su decisión sobre la central burgalesa

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El Gobierno no tomará una decisión sobre la reapertura de la central nuclear de Garoña hasta conocer el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Así lo aseguró ayer el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador de Podemos, Ignacio Bernal. Este grupo político se interesó por conocer las intenciones del Gobierno sobre la reapertura de estas instalaciones.

El titular de este departamento le respondió con acritud a la pregunta de Podemos, ya que le recordó que el Ejecutivo «actuaría de una manera profundamente irresponsable si respondiese antes de que se hubiera emitido el informe». Nadal advirtió de que si emitiera a día de hoy una opinión, podría interpretarse cómo «que estoy tratando de influir en la decisión de un órgano independiente».

Por ello, Nadal se mostró dispuesto a esperar al informe, que será «básico» de cara a la adopción de una decisión porque la «seguridad es prioritaria». Podría ser en la jornada de hoy cuando se conozca la respuesta del CSN, que seguirá con el debate que ya comenzó el pasado miércoles y que podría alargarse y requerir de más sesiones. Sobre la mesa existe un informe técnico favorable que, no obstante, exige de una serie de condicionantes necesarios para poder volver a poner en marcha el reactor. Las medidas son básicamente las que ya se le reclamaron a la propietaria Nuclenor -participada por Iberdrola y Endesa- en 2015, tras reiniciarse el proceso después de que en diciembre de 2012 parara su actividad. Las actuaciones precisarían de una inversión de 150 millones de euros, según cálculos de Ecologistas en Acción.

Seis meses para una decisión consensuada

Una vez que se conozca el veredicto del CSN, la última palabra la tendría el Gobierno, que dispondrá para ello de un plazo de seis meses en el cual Nadal señaló que se aspiraría a una decisión consensuada «teniendo en cuenta a las partes implicadas». A juicio del ministro, «hay tiempo de sobra para escuchar a todo el mundo, a las Comunidades autónomas implicadas, a las organizaciones ecologistas y, por supuesto, a las empresas».

En lo que respecta a la regiones implicadas, se topará con posturas enfrentadas. Mientras en Castilla y León, el Gobierno autonómico defiende la continuidad de la planta si ésta cumple con los requisitos de seguridad, desde el País Vasco mantienen su oposición.

Los ecologistas, por su parte, han mostrado siempre su total oposición a la continuidad de la planta y más en este caso por la posibilidad de que se le otorgue un permiso de 17 años, «el más largo concedido en España».

Tira y afloja con las eléctricas

Por último, la empresa sería una pieza clave en la toma de decisión. Ya en 2012 frenaron su actividad seis meses antes de la fecha en la que caducaba su licencia por decisión empresarial en pleno tira y afloja de las eléctricas con el Gobierno, que era favorable a Garoña. Ahora el escollo sería una millonaria inversión para cumplir con los requisitos técnicos. Y es que Iberdrola ya aseguró ante los sindicatos que el desembolso haría a la planta inviable económicamente. De esta forma, aunque CSN y Gobierno fueran partidarios, Nuclenor podría dar marcha atrás.

A todo ello, se suma que la comparecencia de la presidenta del CSN, Rosario Velasco, ayer en el Congreso de los Diputados evidenció la postura contraria a Garoña en los principales partidos de la oposición, PSOE, C’s y Podemos, que instó a unirse para redactar una ley de cierre de la central.

Y en este escenario, el ministro alertó sobre la importancia de la decisión que haya que adoptar en su momento. «Hay que tener mucho cuidado con las decisiones irresponsables porque salen muy caras y le suben el precio de la electricidad a los ciudadanos».