Sociedad

El Gobierno «ve posible» recurrir ante el TC la reforma de la Lomce en el Congreso

Tras la derrota sufrida al levantarse su veto en la Mesa, «lo más normal» es que utilice esta vía para evitar un incremento del gasto

El Congreso se ha convertido en el escenario del enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición para rechazar la Lomce
El Congreso se ha convertido en el escenario del enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición para rechazar la Lomce - ABC
Paloma Cervilla / A Madrid - Actualizado: Guardado en:

El Gobierno está estudiando la posibilidad de presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso por conflicto jurisdiccional de competencias respecto a la Mesa del Congreso. Esta decisión se podría producir después de que el pasado martes este organismo levantara el veto del Ejecutivo a la tramitación de una iniciativa del PSOE, cuyo objetivo es suspender la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Las fuentes jurídicas cercanas al Gobierno, consultadas por ABC, aseguran que «hay grandes posibilidades de que se presente. Lo normal es que se recurra porque el Gobierno tiene que defender sus competencias presupuestarias».

La decisión final del Gobierno se adoptará después de que el Grupo Popular se quedara en minoría frente a la alianza del PSOE-Podemos y Ciudadanos, que votaron en contra del mecanismo legal que permite al Ejecutivo vetar iniciativas parlamentarias si éstas implican un incremento del gasto.

El Ejecutivo había vetado una Proposición de Ley del PSOE para la suspensión del calendario de implantación de esta ley, argumentando que la aprobación de esta iniciativa «supondría una disminución de ingresos presupuestarios para el Estado y para todas aquellas comunidades que han firmado convenios para su aplicación».

Fondos Europeos comprometidos

La razón que explica estas disminución de los ingresos es que parte de la financiación para la aplicación de esta Ley procede de varios fondos europeos, que están condicionados a que la misma se aplique. Si se paraliza la norma, la Unión Europea no enviará este dinero ya comprometido. El montante total de los fondos que se perderían serían de 614 millones de euros, que es la parte correspondiente al Fondo Social Europeo.

Esta cantidad todavía no se ha recibido y está condicionada a que la Comisión compruebe que España ha realizado efectivamente y en los plazos previstos las acciones comprometidas.

El Gobierno tiene un plazo de treinta días para recurrir la decisión de la Mesa, una vez que reciba la notificación. Mientras el Tribunal Constitucional se pronuncie, la normativa sigue su tramitación en el Congreso y, en el caso de que le dé la razón al Ejecutivo, todos los aspectos de la ley que se hayan modificado, tendrán que quedar suspendidos. Esta circunstancia se podría producir, ya que la jurisprudencia es favorable a la tesis del Gobierno.

El Partido Popular, desde el Congreso, intentará vía enmiendas que estos cambios no afecten a los aspectos presupuestarios de la norma.

Sanidad universal

Por otra parte, el Gobierno también está a la espera de ver la decisión que adopta la Mesa sobre otra Proposición de Ley del PSOE, en este caso encaminada a conseguir la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. La Mesa ha dejado en suspenso el levantamiento del veto del Ejecutivo, a la espera de recibir nuevos informes complementarios. Sin embargo, Moncloa no tiene ninguna esperanza de que se acepte la paralización. «No somos optimistas», señalan fuentes jurídicas.

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