El juez impone fianzas por 4,3 millones para 21 exconsejeros de las tarjetas B

El juezde la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha fijado fianzas por un total de 4,3 millones de euros para 21 exconsejeros de Caja Madrid y Bankia que utilizaron las llamadas tarjetas B. El objetivo es asegurar la posible responsabilidad civil que se fije en el juicio. Al instructor del caso Bankia, que aprecia indicios de delitos de administración desleal y apropiación indebida, no le han convencido las explicaciones que dieron los exdirectivos para aclarar la naturaleza por la que se entregaron las Visas.

Las cantidades fijadas varían desde los 11.000 euros que debe abonar el exconsejero Virgilio Zapatero hasta los 610.000 euros que tiene que pagar José Antonio Moral Santín, el exdirigente de Izquierda Unida que gastó 456.500 euros con su Visa.

En caso de que los imputados no hagan el pago, se embargarán sus bienes.

En el auto, el magistrado explica que, según las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento, parece claro que las Visas que utilizaron los exdirectivos eran «tarjetas de empresa», cuyo uso debía limitarse a las labores propios del cargo. Así se desprende de un acta del consejo de administración de Caja Madrid del 30 de octubre de 1995. El entonces presidente informó a los consejeros de la «entrega de tarjetas Visa de empresa exclusivamente para gastos de representación». La función estaba clara.

A pesar de las explicaciones de los exdirectivos, «tantas como el número de consejeros que han declarado», afirma el juez, «los citados consejeros debieran haber sabido, pudieron haber sabido y hubieran tenido la obligación de saber para qué y cómo debían hacer uso de los fondos que se les entregaban». La mejor prueba es la «contundente» declaración de Fernando Verdú, exconsejero delegado de Bankia, quien rechazó su uso en cuanto le comentaron que la tarjeta era para sus gastos, «sin necesidad de justificación».

El juez alude a la declaración de Terceiro, quien en su etapa estableció un control cuantitativo y cualitativo al uso de las Visas, que tenían un techo de gasto de 600 euros, que nunca se superó. El secretario general, además, analizaba el concepto de los gastos en los justificantes que recebía, de forma que no admitía, por ejemplo, una comida celebrada en viernes. Pero todo ello cambió con la llegada de Miguel Blesa, en 1996, cuando desaparecieron ambas limitaciones, explica la resolución judicial.

La justificación de que los fondos eran una especie de salario, «un complemento retributivo», como afirmaron muchos imputados, incluidos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, es rechazada por el juez pues no existía «justificación ni soporte contractual o funcional» que contemplara este concepto retributivo en ningún acuerdo, contrato o precepto estatutario.

Por ello, Andreu considera que «resulta de todo punto evidente que no puede considerarse a dichos fondos como ningún tipo de retribución, pues el pago de una retribución mediante la asignación para el uso de una tarjeta de forma discrecional escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial».

Además, el magistrado recuerda que los consejeros «deberían haber sido ellos mismos quienes se encargaran de eliminar esta irregular práctica», pues su cargo presupone un conocimiento suficiente para entender que el uso libre de las Visas, con las que cargaron en total 15,5 millones entre 2003 y 2012, era irregular.