Virgilio Zapatero, exministro socialista tras su declaración en la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas B
Virgilio Zapatero, exministro socialista tras su declaración en la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas B - abc

Los exconsejeros: «Yo pensé que Caja Madrid tributaba por mi tarjeta B»

El fiscal pide fianzas civiles para 9 exdirectivos más por las cantidades que gastaron con sus Visas opacas de la entidad

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Los exconsejeros de Caja Madrid que han declarado hoy ante el juez Fernando Andreu han vuelto a discrepar al explicar la función por la que recibieron las tarjetas opacas, con las que gastaron 15,5 millones de euros en total entre 2003 y 2009. Todos ellos están imputados por los supuestos delitos de administración desleal, al autorizar la entrega de las tarjetas, y de apropiación indebida por el uso que hicieron de las mismas.

Según fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios, algunos —como Jesús Pedroche, expresidente de la Asamblea de Madrid por el PP— han argumentado que las Visas eran de libre disposición, por lo que podían utilizarlas para cuestiones personales. Otros —como José María de la Riva, ex «número dos» del PSM— han razonado que debían limitarse a gastos de representación.

Algunos han mezclado, incluso, ambos conceptos. Todos coinciden en señalar eso sí en que el desglose de sus gastos en manos de juez no es del todo fiel.

En los interrogatorios, que comenzaron a las 9 de la mañana, todos los exdirectivos han explicado que pensaban que la caja se encargaba de tributar los gastos por ellos. Asumían por tanto que las cuestiones fiscales estaban en regla. Respecto a esa fiscalidad de las tarjetas opacas el juez y el fiscal han sido especialmente incisivos en su interrogatorio a Estanislao Rodríguez-Ponga, exconsejero de la entidad financiera y a quien se le presupone un profundo conocimiento de la tributación de este tipo de remuneraciones por haber sido también secretario de Estado de Hacienda.

«Pregunté si tenía chófer, despacho, móvil»

Pues este también ha recurrido al manido «yo pensé». Rodríguez-Ponga ha dicho que entendía que esa tributación se recogía de manera automática en su certificado fiscal de retenciones y que por eso no le prestaba demasiada atención. El exsecretario de Estado, que trató de exponer una teoría sobre fiscalidad y gastos de representación, es uno de los exconsejeros que defiende que las Visas se usaban para representación. «Al llegar a la entidad pregunté si iba a disponer de coche, chófer, comedor, despacho, móvil... y me dijeron que disponía de la tarjeta para todo eso», esgrimió. «¿Las compras en el supermercado El Corte Inglés también son gastos de representación?», espetó el fiscal. «Sí, como consejero tenía que hacer regalos en Navidad a algunos clientes», contestó el imputado.

Algunos exdirectivos han tratado de justificar que esos cargos con su tarjeta eran de representación confiando quizá en que si lograban convencer de ello al fiscal no se les exigirá finza, pues ayer cuatro de ellos abandonaron la Audiencia Nacional sin medidas cautelares. «Muchas de las estrategias de ayer hoy ya no valen», dicen fuentes jurídicas presentes en la sala.

El Ministerio Público ha solicitado fianzas por la cantidad gastada a Pedroche (132.200 euros), Rodríguez-Ponga (255.400), Alberto Recarte (139.900), José María de la Riva (209.900), Ricardo Romero de Tejada (212.200), Francisco Vaquero (266.400), José Manuel Fernández Norniella (175.400), Mercedes Rojo (119.300) y Virgilio Zapatero (35.997), quien no obstante había devuelto todas las cantidades gastadas ya en 2012, antes de estallar el escándalo, presentando además los justificantes de sus apuntes, que atribuye sobre todo a su misión de acercar la universidad —fue rector de la de Alcalá— a las cajas.

«Siempre me sentí incómodo con el hecho de que no hubiese un interventor que vigilase esos gastos», defendió Zapatero, recordando los controles habituales a los que se sometía cuando era ministro en el Gobierno de Felipe González. Para este, y según las citadas fuentes, el fiscal podría haber solicitado la fianza por esos casi 36.000 euros menos lo devuelto, dejando la medida en la práctica nula. Otro caso es el de los exdirectivos de la entidad que han regularizado su situación después de que a finales del año pasado se desvelase el uso de estas tarjetas.

En este sentido, algunos de los comparecientes, como Mercedes Rojo, han asegurado que desde entonces han regularizado su situación con el fisco mediante declaraciones complementarias. Francisco Baquero ha desvelado además que exconsejeros que usaron esas Visas «black» están siendo sometidos por Hacienda a una serie de inspecciones. Y José María de la Riva, por su parte, alegó que si no declaraba al fisco por esas cantidades es porque desde la entidad le habían asegurado que existía un pacto con el Ministerio de Hacienda y los consejeros no debían tributar por el uso de esas tarjetas.

«Un consejero no representa a la caja»

Al magistrado no parece convencerle el hecho de que los exconsejeros de la entidad aleguen, una tras otro, ignorancia. «Entonces, ¿para qué estaba en el consejo de administración?», le llegó a preguntar a Rodríguez-Ponga, quien derivó la responsabilidad en los mandos directivos de la caja diciendo que confiaba en su tarea.

«Un consejero no representa a la caja», dijo Pedroche durante su declaración, explicando que son los directivos los representantes de la entidad y que por tanto los gastos con esas tarjetas no pueden ser de representación sino parte del sueldo, para libre disposición. Según su versión, preguntó a Enrique de la Torre, exsecretario del consejo, si estos cargos eran declarados debidamente, quien le respondió que sí.

Alberto Recarte, economista, empresario y exconsejero a propuesta del PP, ha defendido que las Visas empezaron destinándose a gastos de representación en la época de Terceiro, y se derivaron a cuestiones personales con la llegada de Blesa, con un límite mensual. Recarte preguntó en repetidas ocasiones por el tratamiento fiscal de los cargos y le respondieron que la caja se encargaba. «Siempre tuve dudas de la legalidad del sistema retributivo», ha planteando, explicando que esos gastos eran una cuestión que no se trataba en el consejo al ser competencia del presidente.

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