Tres de los diez primeros implicados en el fraude de los informes médicos falsos ingresan en prisión

La primera fase de la Operación Karlos concluyó ayer con las medidas cautelares adoptadas por el juez que instruye el caso del fraude de las pensiones. Para cuatro de los diez primeros detenidos la autoridad judicial decretó prisión, entre ellos la mujer de Jesulín de Ubrique, María José Campanario, quien fue la única que logró eludir la cárcel al pagar el apoderado de su marido la fianza fijada. El resto de los implicados quedaron libres con cargos.

El titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Jerez dictaminó prisión incondicional para el inspector de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UVMI), Francisco C. P. L.; mientras que las otras dos personas que acompañaron al funcionario por no poder pagar la fianza en ese momento son: Rufino M.L., facultativo de la mutua MAZ y Miguel F. F., a quien se le acusa de haber pagado hasta 24.000 euros por una pensión de invalidez. Por el contrario, aquellos que quedaron libres con cargos por tener un nivel de vinculación menor son: Mª Paz C. C., secretaria del concejal de Urbanismo de Jerez, Pedro Pacheco; Mercedes D. C. F., funcionaria de la UMVI de Cádiz, José Luis López Fernández, alias El Turronero; la esposa de Rufino M. L., María Dolores G. R.; Luis C. C., médico del Hospital de El Puerto y Manuel G.H., que es policía local de Prado del Rey aunque ya no ejerce por tener una pensión de invalidez, supuestamente obtenida por esta vía fraudulenta.

Las operaciones Halcón y Karlos están íntimamente ligadas a través de su cabecilla, que montó dos negocios fraudulentos paralelos para engordar su economía. En ediciones anteriores se apuntaba a la conexión de ambos fraudes y ayer se supo que el cerebro que ideó los entramados de las facturas y los informes médicos falsos es el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero Máñez.

El cerebro

Pese a ser el cabecilla de la organización que defraudaba a la Seguridad Social a través de incapacidades laborales irregulares, su nombre no aparece entre los detenidos en el marco de la Operación Karlos, ya que se encuentra en estos momentos en prisión por su vinculación con el fraude fiscal destapado en el sector de la piel. Fuentes consultadas por este medio confirmaron que será puesto a disposición de la Guardia Civil cuando se resuelvan las medidas cautelares que el responsable del juzgado de Instrucción nº 2 de Jerez ha adoptado.

Ambos operativos nacieron a la vez y se decidió que las diligencias se separaran en dos causas distintas para agilizar los procesos judiciales, ya que en los dos existen cientos de pruebas documentales que requieren una labor titánica de revisión.

A los siete detenidos iniciales, en la madrugada de ayer la Guardia Civil sumó el arresto de tres personas más, entre ellas Maria José Campanario. Este personaje de la prensa rosa no fue llevado a los calabozos antes por no encontrarse en Cádiz sino en Castellón, en compañía de sus padres. Este periódico supo que la joven se entregó voluntariamente a los agentes tras ser avisada de que estaban esperándola.

Además de esta famosa del papel couché, los agentes arrestaron a Manuel G. H., que está vinculado a Carlos Carretero al ser su chófer, y al empresario ubriqueño José Luis López Fernández, alias El Turronero, a quien le considera la Guardia Civil el intermediario en este entramado. Según las pesquisas, esta persona facilitaba clientes a Carlos Carretero. Así, se le vincula con María José Campanario y con la secretaria de Pacheco, Mª Paz C. C., al ser quien les acercó hasta el cerebro del entramado.

En el informe entregado por el equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz al juez decano de Jerez, Juan José Parra, se señala que Carlos Carretero tuvo como perfecto lugarteniente al inspector médico Francisco C. P. L., con quien montó supuestamente la estructura para emitir y validar los informes médicos falsos.

Este inspector fue el encargado, según las pesquisas, de reclutar a los médicos que el entramado necesitaba para que dictaminaran, en primera instancia, incapacidades laborales inexistentes o sobredimensionadas. Los facultativos llegaron a estar tan implicados en la red, que incluso facilitaban presuntamente clientes y llegaron a tramitar bajas para amigos.

La Operación Karlos estará suspendida durante la semana próxima, que coincide con un periodo vacacional, y continuará posteriormente con el desarrollo de su segunda fase. En esta parte del operativo, está prevista la detención de 18 personas más, quince de las cuales son beneficiarias de pensiones y residen todas ellas en la Sierra de Cádiz.

Además, los agentes se enfrentan a una ardua labor de ir comprobando si las bajas que tramitaron los médicos implicados se ajustan a la legalidad. En este punto de la investigación se apunta a que más de cincuenta pensiones se concedieron de manera irregular gracias a informes falsos.

2.500 incapacidades

Pero este sólo puede ser la punta de un gran iceberg, ya que el inspector médico que ha ingresado en prisión movía al año una media de 2.500 incapacidades laborales.

Con esta cifra, el volumen de beneficios que obtenía esta red es aún incalculable, aunque se estima, de manera somera, que el fraude será millonario, ya que de media los clientes pagaban lo equivalente a un año de pensión.

El comunicado oficial que realizó ayer la Guardia Civil se destacaba que ha habido casos protagonizados por personas que habían sido incitadas a utilizar esta vía fraudulenta para conseguir una pensión, pese a que tenían un grado de incapacidad suficiente para obtenerla de manera legal y sin pagar.