Fieles y apaleados

Los héroes de las grandes causas acostumbran a ser seres sencillos. Rosa Rodríguez es la mujer que ha conseguido por primera vez en la historia de la justicia española que le retiren la custodia del animal a un maltratador de perros. Vive en Granada, es ama de casa, tiene 51 años, cuatro hijos, dos perros, un gato, un pájaro que ha cumplido 14 años y una misión en la vida: «No soporto la injusticia».

Su victoria empezó a fraguarse en mayo de 2007, cuando unos ciudadanos denunciaron a un hombre por patear al perro que cuidaba. El juez de Granada Antonio Moreno Marín admitió la demanda y multó al sujeto con 720 euros, por maltrato.

El pasado 29 de noviembre, la casualidad quiso que Rosa estuviera asomada al balcón de su casa cuando el mismo hombre se entretenía con una perra negra y menuda a la que había encaramado a un banco del Paseo de Joaquín Aguara, junto al híper de Alcampo. «Cepillaba a la perra de manera violenta y le daba golpes en la cabeza, hasta que la tiró al suelo... Luego empezó a pegarle con el puño. La perra no se movía ni se defendía», recuerda la mujer. Rosa empezó a gritarle con grandes voces.

«Él se puso entonces a pegarle más y más fuerte a la perra y a querer ahogarla. '¡Que la sueltes!', le dije. Mi hijo me comentó que era el mismo al que habían multado. Entonces llamamos a la Policía Local. Al poco tiempo se presentaron cuatro municipales. 'Usted va a ser denunciado por esta señora'. El hombre se defendió diciendo que tenía estrés, que educaba así a la perra... Lo único que pedí a los municipales es poder llevarme a la perra a mi refugio». Rosa Rodríguez trabaja desde hace años como voluntaria en Amigos de los Animales, en una finca situada a las afueras de Granada. Allí pasa un par de tardes a la semana entre animales recogidos de las calles, heridos, apaleados, enfermos y sucios. «Nos han llegado a dejar un cerdo; pero hemos recogido también caballos muertos de hambre, cabras, hámsters... hasta un pez que abandonaron en la calle en un cacharro con agua», sonríe.

A Rosa las injusticias le hacen daño. Por eso mismo se llevó a 'Chica' a su casa. Al día siguiente se presentó en la comisaría y tramitó una denuncia por maltrato animal ante la Policía Nacional. Los agentes locales presentaron un informe sobre lo que habían observado.

Hubo juicio y, el 24 de diciembre, el mismo juez del número 4 de Granada volvió a ver la cara de P. A. G., acusado de nuevo por maltrato. Esta vez le impuso un castigo único y ejemplar: la pérdida de la custodia de la perra y el pago de otra multa de 720 euros «por una falta de maltrato cruel a un animal doméstico».

Ahora Rosa anda con el miedo metido en el cuerpo por lo que pueda pasar, pero con la satisfacción del deber cumplido.

Todo son sospechas, dice. Hay decenas de llamadas que piden adoptar a 'Chica'. Llamadas extrañas. Rosa Rodríguez recela. Por eso la perra se irá lejos, a Alemania. «Mi mayor miedo -recuerda la mujer- es que la perra vuelva con él. Esta sentencia abre la puerta a que más gente denuncie situaciones como la que yo vi. Sabemos que hay muchos más casos. Vivir en este mundo de animales abandonados es conocer lo peor. Pero ellos no te dan más que cariño.»

El caso de 'Chica' no es algo único ni excepcional. Al contrario, decenas de miles de animales son abandonados y maltratados cada año en España. Lo mismo que no existe un censo de mascotas, es imposible saber cuántos se dejan a su suerte en la calle. «Consideramos que más de 100.000 perros son abandonados por sus dueños cada año en España», precisa Carmen Méndez, presidenta de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Animales (Adda), colaboradores en aquel estremecedor cartel de 'Él nunca lo haría. No lo abandonen'.

Anoten un dato aterrador. Cada día la asociación SOS Galgos recibe 200 llamadas de personas que denuncian haber visto a un lebrel abandonado. O colgado de un árbol. O con las patas rotas...

La pregunta asoma de forma inevitable. ¿Es España un país cruel con los animales?

Carmen Méndez es tajante. «Sí. Y mucho. En nuestro pasado no hay una herencia de respeto a los animales. Al contrario. En las fiestas populares se enseña a maltratarlos. Siempre se abusa de los más débiles: mujeres, niños, ancianos, animales... España, como todos sabemos, tiene hasta regulada la crueldad animal. En ese contexto es difícil que la Justicia sea receptiva hacia el maltrato. Las asociaciones protectoras nos sentimos impotentes. Nuestras denuncias fracasan casi siempre. No suele haber pruebas. Y las víctimas no pueden declarar», subraya Méndez.

El Gobierno, que se había comprometido a elaborar una ley marco de protección animal, dio hace meses marcha atrás al recordar que esa competencia corresponde a las autonomías, que apenas han desarrollado normas al respecto. El pasado año fueron recogidas 1.300.000 firmas en todo el país en demanda de una ley contra el maltrato animal. Papel mojado.

Cataluña ha sido la primera comunidad en prohibir el sacrificio de animales, una práctica que se lleva a cabo de forma sistemática y silenciosa en numerosas perreras y centros de acogida, incapaces de atender el flujo de mascotas abandonadas. El nuevo Código Penal dedica un artículo (el 632) a la salvaguarda de los derechos de los animales y establece penas de multa (de 10 a 60 días) para quienes «maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente». Una norma que parece pensada para atajar las peleas ilegales de perros, pero que ha servido al juez granadino para arrebatar la custodia de 'Chica' a su propietario.

«No podemos llorar»

Otra de las grandes lacras que afecta al mundo canino en España tiene que ver con la caza. En concreto con la caza de la liebre por parte de galgos amaestrados. «Somos como bomberos tratando de apagar un fuego eterno. Se abandonan 50.000 galgos al año y nosotros apenas podemos colocar a 350», se desespera Anna Clements, una canadiense encuadrada en la organización SOS Galgos.

Escuchar a Clements es adentrarse en un mundo tiránico e inhumano. «Pero no podemos llorar», dice. La cosa viene a ser así. En España hay 190.000 galgueros licenciados. Cada uno posee, como poco, 5 animales («aunque la mayoría tiene 15 ó 20»). Pongamos un millón de galgos que se emplean para cazar la liebre en Andalucía, Toledo, Madrid... A finales de enero, al acabar la temporada (o si el galgo está 'sucio', es decir persigue a la liebre empleando atajos en su carrera, que debería ser siempre en línea recta), algunos propietarios deciden 'deshacerse' de sus lebreles.

«Por no estar alimentándolos hasta septiembre, prefieren acabar con ellos. Ahora que está mal visto colgarlos, como se hacía antes, los abandonan de noche, en zonas despobladas o los llevan a perreras para que les hagan la eutanasia», denuncia Clements. «Existe mucho miedo a denunciar estos actos por temor a represalias. Tampoco hay recursos para inspeccionar las denuncias por malos tratos. Es un tema tabú en España porque la nobleza participa en este tipo de caza. Aquí no se puede tocar la tradición. Hablas con personas -se sorprende Anna Clements- que te parecen majos... y luego te enteras de que les gustan los toros, son insensibles al sufrimiento. ¿Harán lo mismo con las personas?».

Esta militante tiene muchas palabras amables para los galgos, destinadas a abrirles las puertas de las casas de acogida: duermen 15 horas al día y los que han vivido siempre en jauría necesitan convivir con otro perro para superar la «ansiedad de la separación». «Nuestra ilusión sería que se prohibiera la caza con galgo. Es inhumano, pero no lloro. Me alegro con el resultado de un rescate, con ver a un galgo feliz en una familia».

Anna, como la granadina Rosa Rodríguez, aboga porque los dueños de perros esterilicen a sus mascotas («los veterinarios deberían colaborar abaratando sus tarifas») y por extender la responsabilidad y el cariño por los animales entre los más pequeños.

«Me da rabia que la gente sea tan cruel y tan violenta con los animales cuando ellos sólo te devuelven cariño», clama Rosa Rodríguez, una heroína de ideas tan simples como ciertas.

Quién se esconde en el fondo de los ojos de un gorila? ¿Qué pretende decirnos la cara amable de un orangután? Quien más quien menos se ha hecho esas preguntas tras pasar unos minutos frente a las jaulas de un zoo o junto a la pista de un circo.

Sin haber estudiado Biología ni saber más sobre primates que lo que nos cuentan los documentales, la mayoría tenemos el pálpito de que los grandes simios son algo más que monos. «Son nuestros primos hermanos, verdaderos compañeros evolutivos. Con el chimpancé compartimos el 99,6% del material genético», apunta Pedro Pozas Terrado, director ejecutivo del Proyecto Gran Simio en España. «Desde 1997 sabemos que formamos parte de la misma familia».

Esa evidencia ha llevado a científicos de todo el mundo a solicitar a los gobiernos el reconocimiento de una parte de los derechos fundamentales de los que hoy sólo gozamos los seres humanos: el derecho a la vida, a la libertad y a no ser maltratados ni física ni psicológicamente.

Al mismo tiempo, resulta evidente que los simios, empleados como bufones y payasos, o condenados de por vida a combatir nuestra curiosidad o nuestro tedio, se merecen algo mejor. Pozas señala que, en España, al menos unos 280 grandes simios (gorilas, chimpancés y orangutanes) permanecen en zoos y centros privados de primates, expuestos a la curiosidad pública y privados de sus derechos básicos. «Como decía Jordi Sabater Pí, el descubridor de 'Copito de Nieve', llegará un día en que nos arrepentiremos de cómo tratamos a estos seres, como hoy nos avergonzamos de lo que hicimos a los esclavos».

En una entrevista con este reportero, el ya fallecido Sabater Pí reconoció que «la Humanidad es el cáncer de la Biosfera. Apenas quedan 300 gorilas de montaña y 94.000 de la especie a la que pertenecía 'Copito'. ¿Sabe qué aprendí de ellos? Humildad. Nosotros somos prepotentes; los hombres lo destruimos todo y a este paso acabaremos con la vida en la Tierra».

No hay que irse demasiado lejos para documentar que el trato que damos hoy a los simios es similar, por ejemplo, al que otorgábamos a los indígenas hace apenas un siglo. Pozas apunta que el estanque del Retiro madrileño fue construido para albergar a una familia de bosquimanos (una rareza antropológica) y que ese mismo recinto acogió a una «familia de esquimales, con las pieles encima, que acabaron enfermando y muriendo a los pocos años».

«Hoy en España matar a un chimpancé o a un elefante no es delito. En este país hay una laguna legal en materia de protección de animales. Todo avance en esa materia no prospera por los toros y por la mafia que los controla», protesta el responsable del Proyecto Gran Simio en España.

«Cataluña y Andalucía han dado los primeros pasos en el respeto a los animales, pero sólo son pinceladas. No hay ninguna ley modélica en España sobre sus derechos. Deben ser los ciudadanos quienes las demanden. ¿La solución? Que nadie vaya a los zoológicos que tengan animales en malas condiciones. Que no haya ningún niño que acuda a un delfinario o a un circo donde actúen animales y que todos sepan de una vez que se comportan así porque han sido privados de comida o castigados para que obedezcan», anima Pozas.